Entrevista

Sobreviviente violencia sexual en dictadura: “Las torturas consistían en desnudar, golpear y violar”

31 mayo, 2019


“Cuando fui detenida, no pensé en que por ser mujer, se vulnerarían de manera distinta y particular mis derechos humanos. Me demoré en entender que el abuso que sufrí fue grave y era importante denunciarlo, al igual que los otros casos”, dice Ana María Campillo.

El 26 de abril el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, dictó sentencia por el delito de secuestro agravado de Patricia del Carmen Herrera Escobar y Ana María Campillo Bastidas, quienes fueron detenidas en junio de 1974, cuando tenían 19 y 21 años respectivamente, y permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, siendo sometidas a torturas, violaciones y abusos sexuales por parte de funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR)

Patricia fue la primera en iniciar acciones legales específicamente por abusos de connotación sexual durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Su querella vio la luz el año 2010, mientras que la de Ana en 2015.

“La querella se inició muchos años antes, fue un trabajo en conjunto con la Corporación Humanas, entre varias mujeres que habíamos estado presas y habíamos sufrido violencia sexual, pero no le habíamos dado la fuerza ni la importancia que tenía, siempre pusimos primero a nuestros muertos y desaparecidos”, relata Patricia.

Pero Patricia quedó sola, sin más denunciantes cuando finalmente se interpuso la querella.

“Creo que hay miedo, pero no es solo eso. Cuando la denuncia tiene que ver con sexualidad e intimidad, toca otras fibras. Todas tienen familias, hijos, padres, amigos y un entorno laboral. Es fácil decir, sí, me robaron la cartera, pero no es fácil decir, sí, me violaron. Hay muchas que no le han contado a sus parejas lo que les pasó”, dice Patricia.

Ana reconoce que es difícil recordar esos pasajes duros de la vida y al igual que Patricia, postergó su propia vivencia en pos de obtener justicia por los muertos y desaparecidos que dejó la dictadura.

“Las torturas consistían en obligarnos a desnudarnos, tocarnos, burlarse de nosotras, insultos, golpes y violación. Torturas que eran cometidas por varios funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros. Identifiqué con certeza a dos hombres, ambos me violaron”, detalla Ana.

 “Fue un proceso largo, lento, con etapas de negación, pensando en que lo importante era lo que le pasó a otros detenidos, no lo que me pasó a mí. Cuando fui detenida, no pensé en que por ser mujer, se vulnerarían de manera distinta y particular mis derechos humanos. Me demoré en entender que el abuso que sufrí fue grave y era importante denunciarlo, al igual que los otros casos”, explica.

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“Siempre sentí que desplacé a un lugar secundario de la conciencia mi propia vivencia. Fui testigo en varios casos de detenidos desaparecidos y también entregué declaraciones. Pero por mí nada, en mi psiquis operó lo que suele pasar en el caso de las mujeres golpeadas y maltratadas, que una cosa es el temor, pero también hay pudor y desconfianza en la justicia”, detalla Ana.

“¿A quién le cuento esto? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué represalias vendrán contra mí? También pensaba qué importancia tiene mi caso, en comparación a los que desaparecieron. Pensaba que me salvé y por último no morí, minimizaba constantemente lo que me pasó”, reconoce.

“Algunas personas me cuestionaron por demorarme tanto en denunciar”, dice Ana. “Pero a través de terapias psicológicas que fueron muy relevantes, me pude perdonar para poder enfrentar el proceso. Entendí que lo que importa es que a pesar de todas las barreras que tuve, pude presentar mi querella, no al revés, lo importante no es por qué me demoré”, relata.

Patricia recuerda que durante todo el proceso que comenzó en 2010 y recién en abril de este año arrojó un fallo de la Corte, tuvo que pasar por el Instituto Médico Legal y por la reconstitución de escena que hace la Policía de Investigaciones, al igual que Ana.

Como no pueden constatar lesiones 40 años después, lo que hacen en el Servicio Médico Legal es que te entrevista una psiquiatra y una psicóloga. Sentí que eran poco amigables, una escribía y la otra escrutaba. Sentí que no me trataron como debían. Me sentí escrutada por la psiquiatra, era su mirada muda e inquisidora, así lo sentí”, detalla.

“Lo más impactante para mí fue la reconstitución de escena. Ahí toman todas las medidas de protección, pero el personal no tiene la capacitación necesaria. El juez fue muy delicado, pero yo escuchaba los comentarios del personal de la PDI y del operativo, que estaban sorprendidos de que estuviéramos vivas y no fuéramos solo un número. Éramos personas enteras, así nos vemos, y así somos, enteras. Nosotras nunca nada de llanto”, enfatiza Patricia.

“Nos hemos definido como sobrevivientes y no como víctimas. Creo que la palabra sobreviviente refleja lo que somos, víctimas no”, puntualiza.

“Ese día de la reconstitución de escena, llevaron algunos de los acusados que estaban en prisión preventiva, y vimos a otros que no están presos y se presentaron. Es una diligencia difícil”, reconoce. “La primera expresión que tuvimos cuando los vimos fue pensar que eran unos viejos cochinos”, dice Patricia.

Según relata Patricia, no sintió rabia cuando vio a sus abusadores tan cerca porque nunca ha esperado nada de la justicia, para ella lo importante es recuperar la verdad.

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“Empezamos de la nada, nos decían que en Plaza de la Constitución nunca hubo mujeres detenidas. Todos los acusados lo negaban. Después gracias a las pruebas y los testigos, fue cambiando el discurso. Cuando logramos llegar al tema de la violencia sexual fue muy importante para mí, nos demoramos años en que lo reconocieran”, asegura.

“Cuando los procesaron fue sorpresivo, sabíamos que era posible que nuestras denuncias quedaran en nada”, dice Patricia.

“Afortunadamente mi querella activó la de Patricia”, asegura Ana. “Porque ahí el juez Carroza pudo establecer los nexos y juntar ambas causas que obedecían a los mismos secuestradores, en el mismo lugar, el mismo momento”, explica.

Según la Corporación Humanas, que apoyó en todo el proceso a ambas mujeres, en el fallo se condena a Manuel Agustín Muñoz Gamboa (criminal condenado también por el caso “Degollados”), a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor «de los delitos de secuestro agravado, de connotación sexual al haberse cometido con motivo u ocasión del secuestro violación en perjuicio de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar entre los meses de junio y julio de 1974, en Santiago».

En tanto, Francisco Segundo Illanes Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, Wiston Humberto Cruces Martínez, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Sabino Adán Roco Olguín, Alejandro Segundo Sáez Mardones y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a 3 años y un día como cómplices, otorgándoseles el beneficio de la libertad vigilada; y José Edgar Hoffmann Oyarzún, también considerado cómplice, a 541 días de pena remitida. Pedro Retamal Ortega fue absuelto, por no considerar el tribunal pruebas suficientes de su participación en los hechos.

Ana dice que los hombres que fueron condenados también apelaron porque consideran muy altas las penas, de manera que el proceso se alarga entre uno y dos años más.

“Tampoco estamos seguras de que se aumenten las penas, porque incluso, legalmente es posible que se las rebajen. Es un riesgo que hay que correr y un deber, nosotras estamos luchando por una causa que va más allá de nosotras. No podemos conformarnos”, enfatiza.

En abril de 2018 se decretó como sitio de memoria el subterráneo de la Plaza de la Constitución, que está debajo de la Moneda y ahora son estacionamientos. “Pero no pudimos poner las placas porque asumió el gobierno de Piñera y no nos dejaron hacerlo. Por esto estamos formando el Colectivo Memoria Plaza de la Constitución”, dice Patricia.

31 mayo, 2019

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