Combinación Clave

Editorial de Fernando Paulsen: Pusilánime

6 mayo, 2019


Quizás Jorge Abbott, cuando fue nombrado Fiscal Nacional, durante un segundo se imaginó que la administración de justicia en Chile cambiaría para mejor. Que bajo su administración, el Ministerio Público haría una diferencia palpable y ya no caerían solamente los que eran más fáciles de atrapar, los más pobres y con menos recursos, los más salvajes, sino también los más dañinos de todos. Los que se parapetan tras sus diplomas y escritorios, rodeados de abogados y llenos de contactos políticos para coludirse con su competencia y cobrar precios más altos. Los que desvirtúan el sistema, infringiendo las normas de financiamiento de la política o evadiendo el pago de impuestos, o aprovechando un dato de información privilegiada para mandar la confianza pública a la punta del cerro.

Quizás pensó que su nombre se escribiría en la historia jurídica nacional con orgullo, que sus nietos verían su apellido citado una y mil veces como alguien que llegó para hacer la diferencia y que cambió el arraigado fatalismo nacional en la esperanza de justicia para todos.

Si esa visión existió duró poco. Reuniones irregulares con imputados y sus representantes, cuando no correspondía. Obsecuencia ratonil ante el poder, sea quien sea que estuviere al mando. Cambios de fiscales que hacían la pega, porque hacían la pega. Estatura genuflecta ante Impuestos Internos, que no es como su institución un ente independiente, por lo que sabía que detrás de esas determinaciones había instrucciones políticas de impedir el trabajo del Ministerio Público. Y cedió. No se le vio dar batalla alguna, con la fuerza de quien uno espera haga respetar el mandato constitucional de su trabajo.

De todos los casos que se abrieron en el marco del financiamiento ilegal de la política, casi todos se cerraron o llegaron hasta donde la triquiñuela de la proscripción esperada o las múltiples salidas alternativas permitieron que una oportunidad de establecer el imperio de la justicia en Chile, desde arriba hasta abajo, claudicara en la pasividad de la institución que debiera mostrar más vigor, a la hora de ejemplificar ante todos que con las leyes del país no se juega.

Lee también  Cómo los IP y CFT hicieron que el negocio del Crédito con Aval del Estado fuera mucho más rentable

La guinda de la torta se dio la semana pasada, cuando se supo de un convenio suscrito entre la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y el Ministerio Público, justo cuando la ola de denuncias contra sacerdotes por abusos de todo tipo había abierto los oídos de El Vaticano y empezaban a producirse despidos de obispos infractores y encubridores, con el Papa hablando de una cultura del abuso y encubrimiento en Chile, a la vez que los tribunales fijaban un precedente de culpabilidad con indemnización del Arzobispado de Santiago, en la negligencia y encubrimiento del Caso Karadima.

En ese contexto se da este acuerdo insólito, que incluye el avisar a los obispos de las acciones que los fiscales podrían llevar a cabo en el marco de una investigación contra alguien del clero.

Si alguien brindó después de la firma del convenio fue la Conferencia Episcopal, porque la Asociación de Fiscales señaló rápidamente que el convenio era impropio y debía anularse de inmediato. Algunas órdenes religiosas todavía no han firmado el acuerdo. Quizás ser la excepción en la firma sea lo más cristiano que cabe hacer. La tentación fue rechazada en su tiempo, por más ventajas que se ofrecieran.

¿Qué sigue? ¿Un acuerdo similar con la Confederación de la Producción y el Comercio y la Sofofa? ¿Un convenio de mutua colaboración entre el ministerio público y las FFAA y Carabineros, en caso de investigaciones que los incluya? ¿Qué tal un convenio con el Parlamento, que contemple la colaboración de eventuales diputados y senadores investigados por el Ministerio Público, a cambio de información sobre lo que se pesquisa?

Lee también  Luis Cordero: "Muchos abogados y afectados están usando el Tribunal Constitucional para dilatar casos"

Reconozco que se puede imaginar situaciones hasta el ridículo y aquí está el punto. No hay nada especial en la Conferencia Episcopal que haga que este acuerdo sea factible con ella y no con otras organizaciones, tan investigadas por el ministerio público como la que congrega a los obispos de Chile.

¿A quién se le ocurrió esta magistral idea del convenio? ¿Nació del Ministerio Público o se la propusieron a Abbott? En una época sin secretos que duran mucho, eso se va a saber y pronto. Alguien no va a resistir jactarse de la idea o se va a filtrar un nombre, una reunión, el momento exacto en que se propuso maniatar al Ministerio Público, y su jerarquía sucumbió ante la oferta.

El adjetivo magnánimo, que significa de gran voluntad y energía, fue creado por los romanos para calificar a las personas con dosis altas de valor en el ejercicio de sus funciones. También crearon su antónimo, para describir a quienes vacilaron, cedieron o evadieron por temor sus obligaciones . Les llamaron pusilánimes, por faltarles el ánimo y el valor para enfrentar decisiones y situaciones comprometidas.

Si se le pudiera aplicar a las cosas y los sentimientos, eso refleja el acuerdo del Ministerio Público y la Conferencia Episcopal. Detrás de tanta palabrería timorata, lo que salta es un colosal abandono de deberes y una actitud abiertamente pusilánime.

Tags: Jorge Abbott

6 mayo, 2019

Más actualidad