Opinión

La Cámara de Diputados y su intento de fiscalizar ¿Un león sin dientes?

Contact Person Jaime Pilowsky

24/04/2019


Hace pocos días, cuatro altos oficiales de Carabineros en retiro, incluyendo a su ex General Director, Hermes Soto, no asistieron a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca. La idea de su comparecencia era obtener información relevante de quienes ejercían el mando institucional al momento de los hechos.

Esta situación es de común ocurrencia (dado lo mediático del caso, invito a recordar la inasistencia a dos sesiones de la Comisión “Milicogate” del ex Comandante en Jefe del Ejército Sr. Fuente-Alba) y refleja las escasas facultades de la Cámara en materia de fiscalización.

A mi entender, el problema es más profundo y estructural. La atribución constitucional de la Cámara para “fiscalizar los actos del Gobierno” está absolutamente limitada y carece de los mecanismos necesarios para que el resultado de su trabajo beneficie a la institucionalidad democrática. En efecto, los instrumentos que posee, su regulación, las obligaciones de los “fiscalizados”, y las sanciones (o inexistencia de ellas), terminan por conformar una Cámara similar a un “león sin dientes”, al menos en su función fiscalizadora.

Cabe hacer presente que las comisiones investigadoras cuentan, por un lado, con atribuciones para citar a determinadas personas: funcionarios de la Administración y personal de las Empresas del Estado (y de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria) y, por otro, para solicitar antecedentes, documentos e información relacionadas con la materia que se investiga, siempre “relativas a determinados actos del Gobierno”.

Los diversos cuerpos legales que regulan la materia nada dicen de los ex funcionarios y de las personas del sector privado. Ahora bien, tal como lo expresamos en un proyecto de ley que presentamos en la pasada legislatura con el ex diputado Sergio Espejo, “el éxito de las investigaciones requiere reconstruir una historia que puede llegar a remontarse varios años hacia atrás”, por lo que la inexistencia de una norma que obligue a un ex funcionario público, atenta directamente contra la eficacia y resultados de la Comisión. Un argumento similar se puede utilizar para exigir la comparecencia de personas del sector privado, o al menos de aquellos que han contratado con el Fisco.

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A mayor abundamiento, cabe señalar que la normativa carece de los suficientes medios de coerción para la asistencia de los funcionarios públicos. En efecto, salvo la multa que puede recibir el jefe de un Servicio por su falta de comparecencia, o la de los funcionarios de su dependencia, no hay claridad respecto de las sanciones para un funcionario que se niega a asistir.

La legislación comparada tiene, en estos puntos, elementos que deben ser recogidos en Chile. Así, por ejemplo, en muchos países la asistencia se realiza bajo el apercibimiento de recibir sanciones, incluso de carácter penal (que deberá aplicar un juez por supuesto); existe la posibilidad “para citar a testigos, bajo apercibimiento de arresto”; o bien, solicitar que sea conducido por la fuerza pública, cuando no se comparezca en el día y hora señalados.

Respecto de la obligación de entregar antecedentes e información ésta se circunscribe a los funcionarios públicos y al personal de las empresas del Estado, sin establecer ni plazos, ni tampoco una sanción determinada ante su incumplimiento. En cambio, en legislaciones extranjeras se puede incluso apercibir a través de la Fuerza Pública para entregar los documentos “necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Con todo, el problema no se reduce sólo a lo normativo. El uso reiterado, y a veces abuso, de esta atribución constitucional redunda en una escasa asistencia de diputados a las sesiones (48%), lo que claramente afecta el trabajo. En el último año legislativo (2018-2019) se formaron veintitrés comisiones investigadoras, en comparación a las cincuenta constituidas entre 2014-2018 (promedio anual 12,5), y a las 108 que funcionaron desde 1990 a 2012. El tiempo exigido en las comisiones permanentes y en el trabajo en sala, impiden que, ante un número muy alto de Comisiones investigadoras en funcionamiento, se realice un trabajo participativo y riguroso.

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Recae sobre la propia Cámara de Diputados la obligación de dar solución a los puntos planteados. El diagnóstico está hecho, existen numerosos proyectos de ley presentados sobre la materia.

Por último, creo conveniente la fusión de las mociones existentes, agregar algunas propuestas novedosas (por ejemplo: la reducción del número de integrantes, sanciones por no entrega de documentación o por información falsa; y que exista una comisión de seguimiento de la implementación de las propuestas de las Comisiones) y, finalmente, aprobar un proyecto integral que regule todos aquellos aspectos que hoy constituyen una limitación para el adecuado ejercicio de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Jaime Pilowsky Greene
Abogado

24 abril, 2019

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