Opinión

Las dificultades de las mujeres para acceder a un aborto bajo las tres causales

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*Por Estefanía Andahur, Coordinadora de Salud de Corporación MILES.

Desde septiembre de 2017 a diciembre de 2018, solo se han constituido 769 casos. Cifra baja considerando que en Chile 12 mujeres son víctimas de violencia sexual cada día. Curiosamente, esta causal es la que menos casos presenta de las tres que la ley despenaliza.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales ha tenido una difícil implementación en nuestro sistema de salud. Al ser una prestación que invoca aspectos legales y técnicos con un alto nivel de especificidad, se producen vacíos que evidencian la relación desigual entre poder médico y paciente, que en este caso se acentúa al ser la paciente una mujer, con todo lo que socialmente implica. Se traduce “la mujer” en una potencial madre.

Decimos una difícil implementación, porque hay trabas. La institucionalidad falla y el peso de las creencias de los profesionales de la salud toma forma en una supuesta y genuina opinión médica: la ciencia dura entra en el terreno subjetivo y comienzan frases como “podría ser viable”, “¿no quiere dar en adopción?” o “eso no fue violación”. Nadie queda fuera de esta praxis. No sabemos cómo permea en nuestra labor lo que, supuestamente, corresponde al terreno personal.

Como Corporación MILES hemos constatado que existe mucho desconocimiento de la ley y la normativa técnica en los servicios de atención primaria de salud, que son los lugares donde surgen las primeras pesquisas, y son las mujeres quienes pagan el costo. Las derivaciones a la unidad donde se constituyen la causales -de Alto Riesgo Obstétrico, en el segundo nivel de atención- donde la mujeres puede decidir si interrumpir o no su embarazo, son muy bajas. Desde septiembre de 2017 a diciembre de 2018, solo se han constituido 769 casos. Cifra baja considerando que en Chile 12 mujeres son víctimas de violencia sexual cada día. Curiosamente, esta causal es la que menos casos presenta de las tres que la ley despenaliza.

Respecto a esto, sorprende la escasa capacidad y voluntad de los profesionales que tienen contacto con las víctimas de promover su seguridad e integridad e informar. En muchas ocasiones han señalado que es requisito para constituir la causal una denuncia hecha directamente por la víctima y esto no es así. Esto termina generando pánico en las víctimas, quienes se sienten en peligro y simplemente abandonan el proceso.

Por otra parte, la causal de inviabilidad fetal también es constantemente puesta en duda. Para constituirla, la ley indica que se requiere del diagnóstico de dos médicos especialistas. Ellos no son parte de los equipos, pero sí tienen el poder de determinar si una mujer puede acceder o no a la interrupción según su situación de salud. Esto conlleva el riesgo de encontrarse con médicos y médicas que son objetores, pero no se han declarado como tales. El resultado es que en la causal más solicitada a muchas mujeres no se les permite la interrupción, permitiendo que las mujeres tengan partos, significando o no un hijo y que morirá en algunos meses. Lo que pasa con esa mujer en este tiempo, sus necesidades psíquicas y como cuerpo que gesta, es totalmente ignorado.

Estos son solo algunos de los obstáculos que niñas, adolescentes y adultas enfrentan cuando se encuentran en estas situaciones y como Corporación MILES vemos cómo la experiencia comparada constata incesablemente una advertencia: las regulaciones de aborto que incluyen plazos y causales no son útiles por todos los problemas que genera y lo mejor es dejar solo un plazo. Por otra parte, aunque la ley es considerada un mínimo ético, el aborto es una necesidad de un porcentaje mucho mayor al que contempla la ley y el movimiento feminista también lo puso sobre la mesa.

Aunque existan buenas intenciones y voluntad, mientras el imaginario social no cambie una “narrativa” sobre las mujeres, más allá de lo materno, estos problemas serán constantes porque cuando se trata de poner a prueba lo que se concibe de las mujeres no hay protocolo, norma técnica ni ley que aguante.

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27 marzo, 2019

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