Política

Acuerdo de Escazú: El tratado ambiental que Chile lideró, pero que el gobierno se niega a ratificar

4 agosto, 2019


El Acuerdo de Escazú busca democratizar el acceso a la información de proyectos con impacto ambiental y garantizar la participación de los ciudadanos. La idea comenzó el año 2012 bajo el liderazgo de Chile, encabezado por la abogada del Ministerio de Medio Ambiente, Constance Nalegach. Después de años de negociaciones, una vez estuvo listo el tratado en marzo de 2018, la segunda administración de Sebastián Piñera, decidió bajarse del acuerdo.


El Acuerdo de Escazú busca fomentar y resguardar el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este tratado se comenzó a gestionar el año 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, bajo el liderazgo de la abogada Constance Nalegach.

En 1992, cuando se realizó la Cumbre de la Tierra, se aprobaron 27 principios sobre sustentabilidad, el número 10 habla sobre la democracia ambiental y garantizar el acceso a la información. Justamente en este principio, se basó Nalegach.

«Yo lo propuse y en ese momento era abogada en la oficina internacional de Ministerio del Medioambiente. Han pasado más de 20 años y según los informes de Naciones Unidas y la OCDE hemos retrocedido, la situación planetaria es más crítica, hay más pruebas del cambio climático, pérdida de diversidad y escasez hídrica, por lo que pensé en abordar el problema de una manera distinta», relata Nalegach, consultora en relaciones internacionales en medio ambiente y principal negociadora del tratado.

Chile se planteó como ideólogo y principal anfitrión del Acuerdo de Escazú y así fue como la abogada comenzó a trabajar desde 2012 a 2015 con los distintos países de la región para buscar un instrumento que les permitiera cooperar en temas ambientales.

«En la Cumbre Río +20 (2012) logramos que diez países se unieran y durante dos años estuvimos estudiando la situación de los países de la región. Después de eso decidimos empezar a negociar y realizamos nueve rondas de negociación que en su mayoría se realizaron en Chile y como resultado, se concluyeron las negociaciones y el texto íntegro del tratado quedó listo el 4 de marzo de 2018″, dice Nalegach.

Durante todo el proceso Chile presidió las rondas de negociación y capítulos específicos del tratado. «Fue muy transparente, incluso las rondas se transmitían en vivo, hubo apoyo absoluto y todos podían participar como público», detalla la abogada.

Pero Chile no firmó.

Una de las razones que entregaron desde el gobierno fue que el acuerdo podía propiciar conflictos con países vecinos como Bolivia en cuanto a litigios sobre proyectos con impacto ambiental.

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«Es difícil de entender, lo que hace este tratado es establecer obligaciones de los gobiernos con sus ciudadanos y dentro de los principios que tiene, por ejemplo, se establece el principio de soberanía nacional sobre sus recursos naturales. Esto no es un tratado para que los países discutan sus problemas limítrofes y ambientales, sino sobre las obligaciones del Estado con los ciudadanos. Además desde el primer momento se estableció que este sería un acuerdo de cooperación no de sanciones», puntualiza Nalegach.

Para descartar este argumento del actual gobierno, el acuerdo establece que ante un conflicto entre dos países primero deben intentar llegar a una solución en conjunto. Si no lo logran, pueden recurrir a cortes internacionales, pero de manera voluntaria. «Esa cláusula ya están en otros tratados que ha firmado Chile como el Convenio de Minamata que entró en vigencia en agosto de 2017», detalla Nalegach.

«Los problemas ambientales no reconocen límites geopolíticos, el ejemplo más claro es el cambio climático, lo que se necesita es una solución global. Los recursos naturales son fundamentales en Latinoamérica por razones económicas, pero principalmente porque están ligados profundamente con los pueblos originarios», dice la abogada.

 

Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público, dice que hay razones de peso para que el gobierno firme y ratifique este acuerdo.

«Chile tuvo gran liderazgo para empujar este proyecto y lo hizo muy bien. Haberse salido después de haber liderado las negociaciones es poco serio, poco formal y pone tremendamente en duda el compromiso de Chile con su política de Estado y con el contenido del convenio», enfatiza Sanhueza.

«Nuestro país tiene mucho que mejorar en cuanto a canales e instrumentos de información. A la gente que hoy está peleando contra algún proyecto de impacto ambiental, le cuesta mucho conseguir información y cuando lo hacen, es muy difícil poder entenderla porque el lenguaje es súper técnico», explica la directora.

Sanhueza detalla que en Chile no hay ninguna instancia formal y clara donde el Estado tenga el rol de reunir a las distintas partes en conflicto para que puedan dialogar sobre el impacto ambiental de los distintos proyectos.

«Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay cerca de 120 conflictos ambientales actualmente», acota.

Iván Franchi, académico de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, dice que el Acuerdo de Escazú busca romper con la asimetría en la información.

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«La importancia de este tratado es que busca romper las estructuras rígidas que tienen nuestras políticas públicas para la participación de los ciudadanos y las desigualdades en el acceso a la información. La participación que puedan tener las comunidades ante proyectos que les afectan directamente se limita a que puedan ser asesorados para entender el lenguaje técnico de los proyectos», explica.

«El gobierno cayó en un error al no firmar el acuerdo», sentencia el académico. «Además es una contradicción si pensamos en el discurso del gobierno asociado a la COP25», agrega.

Sanhueza explica que el contenido del acuerdo está cruzado con la COP25. «Si hablamos de cambio climático, la ciudadanía debe estar informada y tiene que ser parte de la solución. El acuerdo democratiza la información desde cómo cuidar un pájaro en extinción hasta el cambio climático».

«Aquí entra en juego la legitimidad. Chile fue el líder del Acuerdo de Escazú, no lo ha firmado y ahora será el anfitrión de la COP5, las excusas son totalmente contradictorias», dice Sanhueza.

«La Cancillería ha callado durante mucho tiempo, pero cuando se trata de firmar el TPP11 hablan de apurarse para firmar. Claramente les interesa mucho más un tratado de libre comercio que uno que le da más derecho a los ciudadanos», explica la directora.

El acuerdo, además, busca proteger y prevenir cualquier ataque, amenaza o amedrentamiento a los defensores ambientales. «Que puede ser cualquier persona que quiera proteger su territorio y sus recursos naturales de una amenaza», dice Sanhueza.

¿Y podría incluir mayor fiscalización, por ejemplo, en el caso del Director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Hernán Brücher? En cuanto a que tiene una empresa que realiza estudios ambientales que son presentados a la misma institución que él dirige.

«Sí», dice Nalegach. «Porque este acuerdo busca la transparencia hacia los ciudadanos y en eso entra la    corrupción de las instituciones que son autoridad en cuanto al medio ambiente».

Según Nalegach, el plazo para firmar y ratificar el tratado es el 26 de septiembre de 2020, sin embargo, las puertas nunca estarán cerradas para que Chile retome esta causa que lideró durante años.

N.E: Hasta el momento de publicación del artículo no fue posible obtener la versión del gobierno respecto a por qué no ha firmado el acuerdo.

4 agosto, 2019

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