Política

Derechos Digitales sobre el tweet de Joaquín Lavín: “El alcalde comete un acto irresponsable y además expone a la persona a un peligro importante”

Por Carlos Montes

“Es muy grave que una autoridad pública, electa democráticamente, se arrogue la atribución de exponer públicamente a alguien para utilizar la humillación y la exposición como una sanción social”, explica Pablo Voillier, abogado y analista de políticas públicas de Derechos Digitales. 


Esta mañana la cuenta de Twitter de Joaquín Lavín se llenaba otra vez de interacciones luego de que decidiera mostrar la fotografía de una mujer que, supuestamente, habría robado el celular de una pasajera del Transantiago y que luego de una persecución terminaría con ambas personas atropelladas.

Nuevamente el edil hacía uso de sus redes sociales para exponer a personas que desde la sospecha y sin el debido proceso, estarían cometiendo un delito o una ilegalidad (como cuando en 2017 lanzó la iniciativa de prohibir y funar a los limpiavidrios en Las Condes).

Las críticas de otros usuarios de la red no se hicieron esperar, muchas de ellas reprobando el actuar de Lavín considerando que al mostrar su rostro solo estigmatiza a la persona, ignora la presunción de su inocencia y sobre todo, muestra un profundo descriterio considerando su lugar de figura pública y de alcance mediático.

Vladimir Garay, periodista y director de incidencia de la organización Derechos Digitales, señala que lo que comete el alcalde con este tweet es la exposición irresponsable de la identidad de una persona a través de una fotografía y “aún cuando los hechos fuesen como los relata, son súper importante los resguardos que ofrece el debido proceso y que permite a las personas mantener su inocencia hasta que se pruebe lo contrario en el marco de un proceso judicial”.

Garay señala que “el alcalde comete un acto irresponsable y además expone a la persona a un peligro importante, porque ¿qué pasa si el alcalde se equivoca y esa persona no es realmente la que está señalando? Eso podría afectar de manera importante no solamente los derechos de esa persona -hablando de discriminación, por ejemplo- sino también su integridad física”.

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“Lo otro es que acá no es importante el prontuario delictual, sino lo que importa es el potencial delito que está mencionando el alcalde, entonces ¿qué pasaría si es que se prueba que no es la persona correcta? La foto ya se compartió y ahí ya vemos otro daño potencial porque se comparte en una plataforma pública como es Twitter”, concluye el periodista.

Por último, Garay comenta que no es una cuestión nueva esta conducta en el edil, “a nosotros -Derechos Digitales- nos ha llamado mucho la atención el uso que ha hecho el alcalde, por ejemplo, para difundir imágenes que han sido captadas por los sistemas de televigilancia con los que cuenta la comuna, los drones particularmente. Esa información debiese ser resguardada con el máximo cuidado y de hecho es súper cuestionable que el alcalde tenga acceso a esa información. Hay ahí un comportamiento recurrente por parte del alcalde que es peligroso”.

Pablo Voillier, abogado y analista de políticas públicas de la misma organización, se suma a esta reflexión señalando que las personas tienen consagradas en la Constitución el derecho fundamental a la intimidad y a su vida privada, entonces es particularmente grave lo que hace Lavín al momento en que expone esa imagen y más aún si es una autoridad pública. “Cuando se expone a una persona a la humillación pública y se le denigra en su dignidad para hacer un punto, eso es muy grave”.

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Viollier detalla que aquí hay una infracción, primero, a la vida privada y a la intimidad, porque esta persona está siendo expuesta y como la que la expone es una autoridad que tiene miles de seguidores, lo hace como una forma de castigo y eso es muy grave “porque la humillación y la exposición nunca pueden ser una forma de castigo”.

El abogado señala que “como nuestro ordenamiento jurídico es moderno dice que las personas tienen derecho a un debido proceso y por tanto, esta persona va a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y se le considere culpable y esa labor le corresponde a los Tribunales de Justicia, no a los alcaldes”.

“Pensemos que a esta persona se le haya sorprendido in fraganti o incluso si el alcalde la vio en un video, no importa, el marco jurídico la trata a ella como inocente, incluso cuando se le considera culpable se le debe aplicar una pena proporcional y racional, esto quiere decir que se le castiga de acuerdo a la falta, crimen o delito que cometió, no a lo que se le ocurra al alcalde que tiene que sancionar y en ese plano la humillación jamás puede ser una sanción”, señala el abogado.

Viollier comenta que este tipo de penas se llaman infamantes y que son muy características del medioevo, por ejemplo, “el cepo en la plaza pública, el caminar desnudo, la crucifixión, todas ellas son penas premodernas y operan bajo la lógica de que como esta persona se portó mal, la vamos a exponer frente a todos los vecinos, la vamos a humillar y esas penas el derecho las repudia”.

Finalmente, Pablo señala que “es muy grave que una autoridad pública, electa democráticamente, se arrogue la atribución de exponer públicamente a alguien para utilizar la humillación y la exposición como una sanción social”.

19 noviembre, 2019

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