Política

Niegan aborto en tres causales a mujer en Hospital de Carabineros

2 abril, 2019


A un año de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo siguen existiendo trabas que impiden su implementación. ¿La consecuencia? Muchas mujeres a lo largo de Chile que no pueden ejercer su derecho y una de ellas es Candy Jamett, obligada continuar con un embarazo que cuenta con, al menos, tres informes que indican que existe inviabilidad del feto. 

Hoy se conoció a través de una nota en Chilevisión la historia de Candy Jamett, una funcionaria de la PDI que denunció a médicos y médicas del Hospital de Carabineros por no acceder a realizar un aborto por la causal dos de la ley, inviabilidad fetal extrauterina. Los funcionarios pasaron por alto tres informes de especialistas que indicaban una malformación inviable e incompatible con la vida, dilatando su caso hasta ahora, la semana 25 de su embarazo.

Según lo que denuncia Candy, los médicos de ese hospital le dijeron que no estaban de acuerdo con interrumpir su embarazo, desde un inicio, haciendo caso omiso de la decisión de la mujer que siempre no continuar con el proceso, por estar sujeto a la segunda causal de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

«Estoy mal. Anímicamente y físicamente ya me estoy sintiendo mal. Ha sido tortuoso y ha tenido un gasto muy grande, emocionalmente, tratando de optar a una ley que es para todos y que se me ha cerrado la puerta en todas partes», explicó Jamett en la nota. «Tengo rabia con la gente poco empática, porque no son capaces de ponerse en tu lugar. Siento impotencia porque uno no puede hacer nada, todos tienen el poder para hacer algo menos uno».

«El comité médico del HOSCAR, presidido por el ginécologo Néstor Lagos Friz, en ningún caso, reconsideró su caso de manera seria. Tampoco pudo recurrir a otro hospital público o clínica, porque al ser funcionaria de la PDI su prestación de salud es Dipreca y pocos establecimientos tienen convenio con dicha institución o, simplemente, los que podían prefirieron no hacerse cargo de su caso, ya que no irían “en contra” de su hospital de referencia», explica Corporación MILES, organización que se encuentra entregando apoyo legal y psicológico a Candy.

«Creemos que claramente acá se le denegó el acceso a un derecho consagrado por ley y se configura una vulneración a sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la integridad física y psíquica, entre otros. En ese sentido, la normativa técnica del MINSAL es clara: no da para interpretaciones amplias que se ajusten a los cánones morales o éticos de los médicos de turno, ni mucho a menos a excluir informes médicos o considerar únicamente los de su staff privado de un hospital o clínica en particular. En este proceso, ella ha enfrentado tratos poco dignos que rayan, incluso, en la misoginia: Le han recomendado dar en adopción a su hijo cuando se sabe que es inviable con la vida o le han dicho que no se preocupe de interrumpir su embarazo bajo la ley 21.030 porque de todas maneras lo más probable es que su embarazo no llegue a término», indican.

Para MILES, esto es «falta de empatía, sensibilidad y seriedad de los equipos médicos que merece ser castigado. Es una vulneración gravísima a los derechos sexuales y reproductivos. Ella hizo todo lo posible para que respetaran su decisión, pero fue en vano. Su opinión no fue importante y deberá continuar con un embarazo que ya sabemos cómo terminará. Finalmente, pesó más la intransigencia médica y la ignorancia respecto a la ley 21.030, sus reglamentos y normativas técnicas, que impidió a que accediera a este servicio».

2 abril, 2019

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