Política

Por infringir la ley y el honor de la nación: síntesis detallada de la acusación contra Piñera

Por Vasti Abarca

La acusación de 110 páginas fue presentada el 19 de noviembre, por once diputados y se sustenta en dos premisas. La primera se basa en que Piñera infringió abiertamente la Constitución y las leyes; y la segunda en los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación.


El martes 19 de noviembre de este año, Sebastián Piñera ingresó a las acotada lista de los tres presidentes que han sido acusados constitucionalmente en la historia de Chile. Once diputados presentaron una acusación en su contra: Emilia Nuyado, Claudia Mix, Carmen Hertz, Carolina Marzán, Gael Yeomans, Jaime Naranjo, Daniel Núñez, Tomás Hirsch, Vlado Mirosevic, Jorge Brito y Esteban Velásquez.

La acusación se sustenta en dos premisas que separan la acusación en dos capítulos. “Por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes (…)”, establece la primera página del documento.

Foto: Radio U. de Chile

“Desde la declaración del estado de emergencia tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA) como las de Orden y Seguridad, fueron empleadas por la autoridad presidencial, no sólo para controlar hechos delictivos, sino que especialmente para reprimir la protesta social que se extendió por todo Chile“, explica la acusación.

Uno de los fundamentos que presentan los parlamentarios sobre el exceso de represión policial es un reporte que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 18 de noviembre.

“Se presentaron 6 querellas por homicidio en contra de agentes del Estado, 7 querellas por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas. De las 2.391 personas heridas en hospitales, de los cuales 1.482 lo fueron por armas de fuego, 1.021 sufrieron heridas por golpes y gases. 222 personas han sufrido heridas oculares“, detalla la acusación.

Los diputados acusan que las violaciones a los derechos humanos ocurrieron desde el primer día que partieron las movilizaciones y fueron de carácter generalizado y sistemático. “(…) lejos de impedir (Piñera) que se siguieran cometiendo, dio señales políticas claras de respaldo a las Fuerzas Armadas y Carabineros”, sostienen.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia” . Esas fueron las palabras del Presidente Sebastián Piñera el 20 de octubre, al inicio del estallido social. Fue esa la declaración que sirvió de orientación y estímulo a las Fuerzas Armadas y de Orden para intensificar la represión de todas las formas de protesta“, detalla la acusación.

Foto: Israel Acevedo

Capítulo 1: El Presidente infringió abiertamente la Constitución y las leyes

El primer capítulo es la parte mayoritaria de la acusación que en total consta de 110 páginas.  “El presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”, es el título completo del capítulo.

En su introducción, los parlamentarios detallan que la información presentada para apoyar la acusación son datos extraídos desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre y son principalmente del INDH.

Violaciones a los derechos humanos

Este subtítulo comienza con el detalle de seis homicidios. Manuel Rebolledo Navarrete fue arrollado por un camión militar; Alex Núñez Sandoval murió por una golpiza de tres carabineros; Romario Veloz Cortez, un militar le disparó en el cuello; Kevin Gomez Morgado murió por un disparo;  José Uribe Antipán falleció por un disparo en el tórax que correspondía a munición de guerra  y César Mallea González apareció suicidado en su celda con la costura de una frazada.

La acusación también recoge el caso de Abel Acuña como homicidio por omisión y relata un homicidio frustrado en que la víctima prefiere resguardar su identidad. Este subtítulo también detalla cinco casos de tortura, tres con reserva de identidad y dos con nombre: Juan Alarcón Clementi, víctima de un simulacro de ejecución y Cristian Varela, obligado a correr mientras lo apuntaban con un arma, terminó con grave lesión ocular y pérdida de dientes.

El tercer punto detalla abusos sexuales y violaciones por parte de agentes del Estado. Josué Maureira Ramirez fue violado con una luma por ser homosexual, Pamela Maldonado sufrió amenazas de abuso sexual y una tercera víctima con reserva de identidad.

Foto: Agencia Uno

En el mismo contexto, la acusación detalla a los heridos y puntualiza en cuatro de personas heridas por arma de fuego: Felipe Conejeros, le dispararon cuatro balines;  Jorge Ortíz (funcionario INDH), recibió siete balines en la pierna; Víctor Marileo, un disparo que entró por la mejilla y salió por la nuca; y Valeska Orellana, víctima de balines en su ingle izquierda.

Respecto a las víctimas de trauma ocular, la acusación pone énfasis en un reportaje de la BBC titulado ““Protestas en Chile: la “epidemia” de lesiones oculares que ponen en entredicho al gobierno de Piñera”, donde puntualizan en el récord mundial que alcanzó Chile.

“Los investigadores de la Universidad de California, la Universidad de Emory y otros organismos de Salud en Estados Unidos, analizaron la información recopilada entre 1990 y 2017 en siete regiones del mundo. Incluyen las estadísticas de EE.UU. y algunas de las zonas más conflictivas del planeta, como Israel y los territorios palestinos, Irlanda del Norte y el sur de Asia”, detalla el reportaje.

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El informe concluye que hubo más de 1.900 lesionados por estos proyectiles. Pero no fueron 300 los que tuvieron lesiones oculares. Fueron menos: 261 (300 fueron los que sufrieron discapacidad permanente en alguna zona del cuerpo)”, concluye la cita.

Esto significa que los 180 casos de Chile representan casi el 70% de la cantidad total de víctimas de lesiones oculares por balas de goma que hubo entre 1990 y 2017“, interpretan los parlamentarios en la acusación.

En el informe los diputados detallan seis casos de trauma ocular: Francisca Núñez, estudiante de enfermería; Camilo Cartagena por tres disparos y uno le llegó al ojo; Rodrigo Lagarini por disparo de una bomba lacrimógena directo en el ojo; Raúl Fuentes por disparo de bomba lacrimógena, Raúl Del Valle por tres balines y uno le hizo perder el ojo; Gustavo Gatica a quien Carabineros le disparó en los dos ojos.

Respecto a las detenciones con excesivo uso de fuerza se relatan cuatro casos, además de otros dos que incluyeron allanamiento ilegal de la dirigenta estudiantil Valentina Miranda y Francisco Reyes. Además del atropello por parte de una patrulla a un joven de 22 años en Santiago.

En cuanto a las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA), la acusación se fundamenta en la información entregada por la Defensoría de la Niñez.

El 11 de noviembre, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, detalló que al menos 174  NNA han sufrido violaciones a sus derechos humanos. “Hay documentados 12 casos de heridos de bala, 26 heridos por perdigones y 5 niños con trauma ocular”, detalla la acusación.

Foto: Proyecto AMA

Respecto a las vulneraciones y amenazas a la libertad de expresión, la acusación entrega un recuento detallado de seis manifestaciones en que carabineros reprimió de manera excesiva a quienes protestaban de manera pacífica.

Normas de derechos humanos infringidas

En este punto, la acusación parte con la propia Constitución como base detallando el artículo 5°. “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

El informe menciona a la Convención Americana de Derechos Humanos. “En su artículo 1° establece el compromiso de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos por ese instrumento y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

También hace alusión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 2° detalla de manera muy similar lo que establece la Convención.

Analizando los hechos que fundamentan este libelo, es indudable que los actos de la administración del Presidente de la República implican un incumplimiento de la obligación asumida por el Estado de Chile en el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, detalla la acusación.

“(…) Podemos mencionar la obligación de prevenir las violaciones de los derechos humanos; la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en su ámbito de jurisdicción; la obligación de identificar, procesar y sancionar a los responsables de las mismas; la obligación de reparar los daños producidos por la violación de los derechos humanos, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado; y la obligación de establecer la verdad de los hechos”, enfatizan los diputados.

La acusación también detalla uso desproporcionado de la fuerza en contravención de con los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contempla.

“El Principio de Legalidad exige que el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo y frente a ello, la legislación y entrenamiento deben prever la forma de actuación en dicha situación. El Principio de Absoluta Necesidad dispone que se verifiquen si existen otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona, o la situación que se pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso”, explica el documento.

Por último, el Principio de Proporcionalidad. “Exige que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido”.

Entre los tratados internacionales que regulan las garantías necesarias para salvaguardar la libertad personal se encuentra el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. “En el que se reconoce, en su artículo 9.1, que  nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”, acusan los parlamentarios en cuanto a las libertades personales.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes, la acusación pone énfasis en la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile en 1990. Mientras que por la violencia contra la mujer en que han incurrido las Fuerzas Armadas y de Orden, la acusación apunta a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

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Sobre las normas infringidas durante el estado de excepción constitucional, el documento recoge definiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos para cuestionar la forma y los hechos que ocurrieron durante ese periodo.

Agencia Uno

“(Capítulo IV, artículo 27 número 1) establece que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.

Responsabilidad del presidente en actos que hayan infringido la Constitución

“Según sostiene Jaime Gajardo Falcón, la finalidad de la acusación constitucional es la protección de los intereses públicos contenidos en la Constitución y constituye una forma de control interorgánico de base constitucional, que tiene por objetivo contener y sancionar el abuso o desviación de poder, las infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (…)”, detalla la acusación.

En cuanto a la participación del presidente durante el estado de emergencia, el documento apela a sus responsabilidades específicas. “Necesariamente, la decisión acerca de si se declara o no un estado de excepción constitucional es una cuestión política, siendo el impulso fundamental del Presidente de la República”.

La vigencia del estado de excepción no suspende el Estado de Derecho, como tampoco suspende el deber del Presidente de la República de respetar y promover los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por expreso mandato del artículo 5º de la Carta Fundamental.”, aseguran los parlamentarios.

“La declaración del estado de excepción constitucional para enfrentar la protesta social es un hecho cuyo único antecedente lo encontramos en la dictadura cívico militar”, señala la acusación.

Foto: Israel Acevedo

Capítulo 2: El presidente comprometió gravemente la honra de la nación

“El artículo 52 número 2 letra a) de la Constitución Política, dispone que el
Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”, argumenta la acusación.

“En cuanto al concepto de “honor”, la Real Academia de la Lengua Española (RAE), indica que este es: la gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se las granjea ”, agrega.

“(…) el Diccionario Constitucional Chileno aclara que “El honor de la Nación se afecta cuando, por acciones u omisiones, se cause un grave daño irreparable al régimen republicano y democrático, se lesionen gravemente las tradiciones cívicas y constitucionales o se coloque al Estado y su pueblo en una situación de desprestigio tal que afecte la convivencia con otras naciones”, detalla.

En este capítulo, los parlamentarios detallan los diversos organismos del ámbito internacional que condenaron o manifestaron preocupación por la situación de derechos humanos en Chile.

Los organismos son: Naciones Unidas en Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, carta de 40 diputados del Parlamento Europeo, parlamentarios británicos que solicitaron investigación a las violaciones de derechos humanos, proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Argentina para romper relaciones diplomáticas con Chile, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, prensa internacional, Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Pese a la herencia insoslayable del régimen de facto, se logró avanzar en el valor del respeto de los derechos humanos como bien superior (…) El mundo observa con asombro e indignación el retorno de los militares a las calles, las embestidas policiales contra personas que se expresaban pacíficamente, el uso indiscriminado de balines y perdigones”, argumenta la acusación.

Los parlamentarios también sostienen que la cancelación de las cumbres APEC Y COP25 obedece al severo desprestigio internacional de Chile. “A los ojos de mundo, es indigno de servir como sede de una cumbre internacional”, enfatizan.

Foto: Agencia Uno

El Presidente Sebastián Piñera, al momento de declarar la guerra, actualizando la tesis del enemigo interno y, fundamentalmente, al consentir en la comisión de gravísimos atropellos a los derechos humanos, ha dañado severamente el prestigio de la Nación. Estos hechos, reviven los episodios más tristes y oscuros de nuestra historia y someten a un justificado cuestionamiento el compromiso de Chile con los derechos humanos”, aseguran los diputados.

El documento concluye en un resumen de los argumentos acusatorios. “Por los actos de su administración que infringen abiertamente la Constitución y las leyes al consentir que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos consagrados y garantizados en la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile; y por haber comprometido, por actos de su administración, gravemente el honor de la Nación; y, que conforme a su mérito, declare ha lugar a la misma y, en definitiva, la formalice ante el Senado para que éste, actuando como jurado, la acoja, en cada uno de sus capítulos, disponiendo la destitución de su cargo“.

El documento finaliza con la solicitud de 34 diligencias probatorias que incluye académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

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