Política

Violencia policial descontrolada: Acuerdo de Paz para pocos, lacrimógenas y balines para miles

17 noviembre, 2019


Acuerdos entre políticos, ataques a personal de la salud, Carabineros impunes, autoridades ensordecidas y estudios que cuestionan las versiones oficiales. El “Acuerdo de Paz” se deshace entre las manos de sus firmantes.


Durante la madrugada del viernes, algunos parlamentarios firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, nombre que ellos mismos le dieron. Hubo abrazos y apresuradas felicitaciones. El hito busca generar un plebiscito para resolver si la ciudadanía quiere una nueva Constitución y de ser así, definir el mecanismo para redactarla.

A pesar de ser una de las demandas ciudadanas más importantes, en las calles quedó demostrado que un acuerdo entre la clase política no es suficiente y la paz que tanto buscan fue solo para unos pocos, puesto que la violencia policial no solo no cesó, sino que aumentó.

La misma tarde del acuerdo, el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y el Colegio Médico, denunciaban a través de un comunicado que Carabineros agredió a equipo médico en Plaza Italia cuando intentaban salvar la vida de Abel Acuña, quien estaba sufriendo un paro cardiaco.

“Durante el procedimiento se realizaron todos los esfuerzos por darle la mejor atención al paciente, sin embargo, el equipo médico y primeros respondedores, fueron agredidos por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, a través del carro lanzaaguas, gases lacrimógenos y disparo de armas antidisturbios”, detalla el comunicado.

“Durante este procedimiento resulta herida en una pierna por balines una de las funcionarias del SAMU que estaba reanimando al paciente (…) Lamentablemente el paciente falleció en la Urgencia de HUAP (Ex Posta Central) (…) Como funcionarios de la salud no podemos tolerar el actuar de la Fuerza Policial”, explican en la misiva.

La situación levantó todo tipo de críticas, incluidas hacia los parlamentarios que firmaron el “Acuerdo de Paz”, pues en lo convenido no se menciona en ningún momento una condena transversal a la excesiva fuerza policial ni a la falta de aplicación de protocolos institucionales.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos respondió con una querella por homicidio de interrupción de acción de salvamento. Sergio Micco, Director del INDH, enfatizó en que no se trata de un hecho aislado. “El INDH ya ha presentado cinco querellas en contra de carabineros por agresiones al personal de primero auxilios en el contexto de las manifestaciones, y este sexto caso resulta inaceptable”.

Karina Soza, jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, respondió a las denuncias con la excusa de que está siendo investigado el caso.

“Aquí hay que analizar la situación de contexto, el personal policial estaba operando en una situación bastante adversa. Nuestro primer compromiso es respetar los protocolos de mantenimiento de orden público y en segundo lugar, si se detecta una situación que sea importante ser investigada, por cierto que vamos a entregar todo el apoyo a los organismos persecutores”, aseguró.

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Todo nuestro actuar dice relación con la transparencia, investigar lo que está sucediendo tanto a nivel interno, administrativo como judicialmente”, enfatizó la coronel.

Los ataques a personal de la salud han sido reiterados. Hace dos semanas una enfermera fue atacada por Carabineros y se sumó a la larga lista de quienes están en riesgo de perder un ojo. El voluntario de la Cruz Roja del puesto ubicado en Plaza Balmaceda, Nicolás Ortega, denunció que este sábado Carabineros destruyeron sus insumos médicos para atender a manifestantes.

“A nadie daré de baja”

La defensa de la coronel Soza se contradice con lo dicho por el mismo general director de Carabineros, Mario Rozas. Hace algunos días, el general aseguró a sus tropas que no dará de baja a ningún funcionario.

“Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie, aunque me obliguen, no lo voy a hacer”, aseguró en un audio a sus funcionarios.

En medio del caos callejero e institucional, el Acuerdo de Paz en la práctica se ve lejano. Las acusaciones por la desmesurada violencia policial abundan y las respuestas de las autoridades no varían en el tono.

Este domingo, ante las denuncias del SAMU, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, dijo a Mesa Central de Canal 13 que no tiene dudas ante el actuar policial. “Yo parto siempre de la buena fe, y en el entendido de que Carabineros actúa cuando hay desmanes y violencia. Hemos dicho de forma clara que cualquier exceso, toda salida de protocolo o todo delito tiene que ser investigado y sancionado”, justificó.

A pesar de que existen cientos de denuncias contra el actuar policial, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró este domingo a La Tercera, que Carabineros tiene todo el apoyo del gobierno. “No tengo ninguna duda de que Carabineros -especialmente de su alto mando- tiene una convicción muy profunda en materia de derechos humanos”, enfatizó, a pesar de toda la evidencia contraria que existe.

“La garantía de orden público -que es el primer deber del Estado- está absolutamente vinculada a la garantía de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”, sostuvo Blumel.

Balines que no eran de goma

Balines y Carabineros no cabe en la misma frase. Balines, si usted lee el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene que ver con metales, balas, plomo, acero y Carabineros de Chile no utiliza esos instrumentos”, dijo el día sábado el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. “La garantía de orden público -que es el primer deber del Estado- está absolutamente vinculada a la garantía de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”, concluyó.

Esta declaración resulta cuestionable al conocer el estudio realizado por la Universidad de Chile sobre la composición de los perdigones que disparan Carabineros. Las conclusiones son categóricas: “De acuerdo con los ensayos realizados se concluye lo siguiente: Las muestras analizadas son perdigones. Los perdigones analizados contienen un 20 % de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos. Los otros compuestos son sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb)”.

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Según cifras del INDH actualizadas hasta el 15 de noviembre, hay 217 personas con heridas oculares, 866 personas heridas en hospitales producto de disparo de perdigones, 42 heridos por disparo de balas y 45 por balines.

Y no se puede olvidar que desde el 18 de octubre se registran más de 20 asesinados por la policía durante las protestas. Sin embargo, aún no existe un catastro detallado de las personas fallecidas. No así con el número de supermercados saqueados o incendiados, de los cuales el gobierno lleva el detalle al día.

¿Acusación constitucional contra Rozas?

Durante estos días el Frente Amplio, PS y PPD han pedido la destitución del actual general director de Carabineros por su falta de control sobre los uniformados. Este sábado, algunos parlamentarios fueron más allá y presentaron una reforma para poder acusar constitucionalmente al cuestionado director.

El proyecto está siendo encabezado por el diputado Raúl Soto, los diputados del PPD Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Cristina Girardi y Loreto Carvajal, y las militantes de RD, Maite Orsini y Natalia Castillo.

“Hemos visto innumerables denuncias y querellas por violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado, y muchas de ellas involucran a carabineros o carabineras. Creemos que hay que resguardar adecuadamente y garantizar el Estado de Derecho que tiene nuestro país, y establecer como piso mínimo que los derechos humanos de las personas que se manifiestan se van a respetar siempre”, detalló Soto.

“Esta situación ha sido agravada tras conocerse el audio del general Rozas donde expresa que no dará de baja a carabineros por procedimiento policial, aunque lo obliguen. Y pese a que la Institución sacó una declaración pública, creemos que las explicaciones son absolutamente insuficientes”, enfatizó.

Actualmente hay 14 carabineros que están siendo formalizados. Según el Poder Judicial, la última audiencia se registró este sábado en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago. El subteniente Diego Benavides y los cabos primeros Omar Gregory y Víctor Saavedra Quidulef, fueron imputados por el Ministerio Público como autores de obstrucción a la investigación, falsificación o uso malicioso de documento público, apremios ilegítimos y homicidio frustrado.

Los hechos ocurrieron en Pudahuel, donde carabineros dispararon a un menor de diez años en la zona abdominal y a una niña de nueve años en el brazo izquierdo.

“El magistrado Juan Carlos Silva Opazo ordenó el ingreso en prisión preventiva de los tres carabineros, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, detalla el Poder Judicial.

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