Reportajes

Cruzarte con tu acosador: Protocolos y ¿qué más?

9 abril, 2019


A un año del estallido del “Mayo feminista”, el cual sacudió al área de la educación superior, continúan existiendo espacios e instancias que, a pesar de las modificaciones realizadas gracias a la presión del movimiento feminista, perpetúan desigualdades y discriminaciones en temas de género, vulnerando y hasta revictimizando a quienes denuncian. Probablemente uno de los compromisos adquiridos por las instituciones de educación superior de mayor relevancia fue la realización de protocolos para prevenir y saber cómo actuar frente a acoso y/o abuso sexual, pero ¿cómo funcionan estos dispositivos a un año del movimiento?


“Por encubrir abusador”: Toma Campus Oriente PUC

Consignas como “por encubrir abusador” y “Oriente en toma” se leían en los carteles puestos en las rejas del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica, el cual amaneció en toma el miércoles 27 de marzo pasado. Dentro del establecimiento se encontraban aproximadamente ochenta estudiantes, quienes ocuparon de manera pacífica el lugar “a modo de visibilizar la ineficiente respuesta de parte de la institución frente a las denuncias de violencia sexual y sexo-afectivas presentadas el pasado 2018 en los mecanismos regulares que la universidad ofrece para ello”, según se informó en el comunicado oficial. Entre informaciones que trascendieron, además, se hablaba de un funcionario con treinta denuncias en su contra. Posteriormente, en conversaciones con autoridades de la universidad, se especificaron que las denuncias fueron once, vía carta, pero que solo se ratificó una. En tanto, luego de averiguaciones para este reportaje, se vislumbraron diversos focos de denuncia en dicho campus, en los cuales se encuentran involucrados estudiantes, académicos y un funcionario -por el cual se provocó el revuelo mediático durante la toma-.

Con esta acción, las y los estudiantes, quienes se encontraban movilizados desde antes de la protesta, manifestaron que el protocolo que posee el plantel para casos de abusos y acoso no es suficiente para atender estas situaciones, además de acusar un presunto encubrimiento al funcionario denunciado.

“Desde el año pasado, el protocolo de Secretaría General de la UC ha mejorado, pero no nos han hecho fácil el poder usarlo. Esperamos como mínimo el respeto de la universidad por tomarse esto como un tema serio que les compete y que es importante para que sus estudiantes (todes) se sientan cómodes en un espacio que deben habitar diariamente”, expresó Javiera Santos, Secretaria del Centro de Estudiantes de Arte de la Pontificia Universidad Católica.

Finalmente, la manifestación terminó abruptamente en la madrugada del jueves, cuando, por petición del Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al lugar y desalojaron la toma, instancia en la que detuvieron a 47 personas que se encontraban durmiendo. Las y los estudiantes señalaron que dicha detención se realizó de manera violenta, además de reclamar que por varios minutos solicitaron la orden de desalojo, la cual Carabineros tardó en mostrar. Debido a dicha situación, el jueves 28 de marzo alrededor de setenta estudiantes bloquearon el tránsito entre las calles Jaime Guzmán y Diagonal Oriente.

“Respecto al funcionario yo no puedo entregar toda la información, pero puedo señalar lo mismo que ha salido en forma pública y es que llegaron once cartas de estudiantes, relatando ciertos hechos y esto es lo que gatilló el proceso. Cuando se inicia un proceso tú necesitas ratificar la denuncia para transformarla en el inicio del procedimiento formal y en esa instancia sólo se materializó una denuncia. Y ni una denuncia ni las diligencias que pudieron realizarse en el proceso pudieron acreditar que haya existido alguna conducta relativa a acoso o abuso sexual”, sentenció Marisol Urrutia, Pro Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica, quien manifestó que al funcionario denunciado no se le renovó contrato, ya que contaba con uno indefinido.

Al ser consultada sobre los procesos y el protocolo que se aplica en este caso, Urrutia explicó que “los procesos implican la aplicación de los protocolos internos para resguardar la integridad de las personas y eso siempre se hace”, agregando que, “si acá se hubiese acreditado alguno de los hechos que hubiesen sido constitutivos de acoso o abuso sexual, aquí habría habido una sanción”. No obstante, Santos explicó que en el caso del funcionario denunciado del Campus Oriente, “no se tomó ninguna medida de separación de espacios”.

En tanto, según Santos, respecto a lo ocurrido con estudiantes denunciados en la Escuela de Teatro “a les denunciantes de Teatro sólo se les ha dado la solución de ser cambiados elles de clases, en lugar de mover a la persona denunciada. Asimismo, de no haber sido por las movilizaciones del año pasado a los profesores de Música denunciados no se les habría suspendido nunca de sus funciones”.

Después de la ola ¿qué?

Dicha situación, que es la última acontecida durante el 2019 en cuanto a movilizaciones estudiantiles, ocurre casi un año después del estallido de la denominada ola feminista, la cual comenzó en la Universidad Austral y se transformó en un movimiento que llegó a movilizar a decenas de planteles a nivel nacional, instalando el debate de un tema que por mucho tiempo durmió bajo el protagonismo del movimiento estudiantil. Precisamente, una de las aristas por la que iniciaron la movilizaciones, se relaciona con los abusos y acosos sexuales dentro de los planteles o que involucren a personas de los mismos. Ya en julio de 2018, 132 casos de acoso y/o abuso sexual eran investigados en dieciséis instituciones.

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Luego de las movilizaciones, el movimiento legó un sinfín de cambios: motivar la voluntad para instaurar una educación no sexista desde los primeros niveles educativos, el aumento de denuncias formales, y la creación de protocolos para prevenir y actuar respecto a acoso y abuso sexual, entre otras cosas.

A noviembre de 2017 solo siete planteles de educación superior, de los sesenta existentes hasta el momento, contaban con este tipo de protocolos según una investigación realizada por Ana Luisa Muñoz-García, Liz Jackson y Luna Follegati para el Centro de Estudios de Política y Prácticas en Educación – CEPPE-. Tal como se especifica en el documento, el acoso sexual se reconoce como una problemática dentro de espacios dedicados al área académica. En tanto, se establece que los protocolos utilizados para tratar estas situaciones “se focalizan en la víctima en lugar de interrogar la estructura del sexismo en la que se produce el acoso sexual”, por lo que sería pertinente efectuar “evaluaciones de políticas contra el acoso y el abuso sexual que consideren conversaciones complejas sobre este tema en las comunidades educativas”.

Según Luna Follegati, historiadora y experta en temáticas de género y una de las autoras del estudio, “uno de los problemas de los siete protocolos que nosotras revisamos el 2017 tuvo que ver con la existencia de una definición restringida de acoso sexual. Cuando nosotras tenemos una definición restringida, lo que hacer es mermar las posibilidades para que exista un proceso de denuncia y un juicio adecuado, pues la forma en la cual se analiza el caso también está muy relacionada con la misma definición de acoso sexual”.

*Luna Follegati

En tanto, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), el acoso sexual es un tipo de discriminación extrema que afecta considerablemente de mayor manera a las mujeres, vulnerando sus derechos humanos. La entidad sostiene además que “las causas de la violencia contra la mujer, incluido el acoso u hostigamiento sexual, están fuertemente arraigadas en el contexto general de discriminación estructural por razones de género y otras formas de subordinación de aquella y que esta conducta tiene como consecuencia la exclusión de las mujeres”.

Pero, ¿qué se entiende por acoso sexual en la cotidianeidad? ¿cuáles son las características del mismo? Como expresa el DIDH, este corresponde a una conducta de “naturaleza sexual o cualquier otra conducta basada en el sexo, no deseada por la persona que la recibe y que afecta a su dignidad al resultar ofensiva, hostil o amenazadora para ella”.

En los protocolos establecidos por Pontificia Universidad Católica se define como acoso sexual “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. Sin embargo, de ocurrir dichas conductas, este protocolo sólo aplica el contexto laboral del plantel, excluyendo al estudiantado: “Cabe hacer presente que esta conducta es aplicable única y exclusivamente al contexto de las relaciones laborales y, en consecuencia, no es extrapolable a otros contextos tales como la relación de profesor y alumno, ayudante y alumno o entre estudiantes, por mencionar algunos ejemplos”.

Al limitar el mismo al plano laboral, se excluyen situaciones que eventualmente puedan vivir estudiantes, las cuales ya se encuentran acotadas en la normativa, puesto que la misma se ciñe a circunstancias muy específicas. Los cuatro protocolos con los que cuenta la UC frente a situaciones de violencia sexual se acotan exclusivamente a los siguientes hechos: 1) “violencia sexual que están ocurriendo dentro de los recintos universitarios o fuera de ellos, en actividades que realice la Universidad o instituciones directamente vinculadas a ella, o que organice la Federación de Estudiantes o los centros de alumnos”; 2) “hechos de violencia sexual ya ocurridos y cometidos por un miembro de la comunidad de la UC dentro de los recintos universitarios o fuera de ellos, en actividades que realice la Universidad o instituciones directamente vinculadas a ella, o que organice la Federación de Estudiantes o los centros de alumnos”; 3) ” situaciones de acoso sexual”; 4) ” situaciones de violencia sexual cometidas por un agresor externo a la comunidad de la UC”.

Para Follegati, estas normativas constituyen el “primer punto o posibilidad de respuesta que deben tener las instituciones de educación superior, en tanto que son instrumentos mínimos en los cuales las víctimas pueden resguardarse y reconocer los pasos a seguir cuando se es víctima de una situación de tales características”.

Para las y los estudiantes que se tomaron dependencias del Campus Oriente de la UC, dicha medida de presión responde a que “se ha transgredido de forma sistemática los derechos de les denunciantes al hacerles enfrentar un proceso de revictimización a causa de, la nula competitividad política, social y de responsabilidad comunitaria que ha mantenido tajantemente la universidad; expresada en insuficientes e incluso inexistentes medidas para resguardar la seguridad de la comunidad y personas afectadas; llegando inclusive al punto de entregarle mayores herramientas para este proceso: al acosador, abusador y violador”. Es así como surge la interrogante sobre si el uso de los protocolos y la información que entregan para realizar una denuncia es suficiente en estas situaciones. “Muchos estudios han demostrado en este sentido que la falta de claridad sobre lo que constituye una conducta de  acoso sexual hace que exista una reducción en las denuncias hacia las autoridades y permite la reproducción de las violencias al interior de las universidades”, señala Follegati, quien agrega que “entonces, es fundamental en este sentido poder tener una adecuada conceptualización sobre acoso sexual que sea lo suficientemente amplia, específica, pero que también reconozca cómo se desenvuelve las jerarquías y posiciones de poder desde un punto de vista de género”.

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En este sentido, lo que se prevé como solución por parte de la historiadora, ya que los protocolos son insuficientes por sí mismos, es “establecer una institucionalidad para tener los profesionales adecuados para darle asesoría, contención, y apoyo a las víctimas” lo que se lograría a través de una política integral, la cual transforme “aspectos sustantivos en términos de cómo se están comprendiendo las diferencias y brechas desde el punto de vista del género”, con por ejemplo, la creación de una oficina de género y la sensibilización a la comunidad educativa.

Diferencias de poder: Nuevamente víctimas

Dos de las aristas dejadas de lado los protocolos para prevenir y denunciar el acoso en universidades corresponde a la diferencias de poder dentro de las instituciones y al proceso de revictimización que puede vivir quien denuncia hechos de esta índole.

Por su parte, la normativa de la UC no establece medidas de protección durante la realización de proceso, aunque sí especifica el tipo de apoyo ofrecido: psicológico, médico y de asesoría u orientación legal. Según Marisol Urrutia, Pro Secretaria General, “mientras están en ejecución todas las funciones y las medidas que adoptamos, siempre se toman todos los resguardos necesarios para que las sanciones y medidas sean cumplidas (…) efectivamente para hacer cumplir una separación de espacios de actividades académicas”. Por otro lado, para Javiera Santos, estudiante y Secretaria del Centro de Estudiantes de Artes, “una suspensión de funciones es lo correcto cuando se hace una denuncia, el problema es que ni eso hacen”. Respecto al funcionario denunciado, y  según lo recabado para este reportaje, se averiguó que, al contar con contrato indefinido, continúa en la realización de sus funciones.

*28 de Mayo del 2018, Casa Central UC, durante las movilizaciones feministas universitarias

Por otra parte, el protocolo de la Universidad de Chile especifica en su normativa medidas de protección y preventivas durante el proceso: Separación de espacios físicos, redistribución de horarios, cambio de sección o asignatura, y prohibición de ingreso a determinados lugares o actividades que supongan contacto entre las personas involucradas.

Para Francisco García, psicólogo y estudiante de doctorado en el Instituto de Criminología de la Griffith University, lo fundamental para la víctima es contar su experiencia, y las consecuencias de vivenciar una situación de violencia con componente de carácter sexual es particular y depende de cada individuo. Sin embargo, hay cosas que generalmente ocurren, y es que en estos episodios generalmente “tienen un componente de diferencia de poder que es bastante importante, sobre todo en contexto universitario, en los cuales hay diferencias marcadas de roles y por lo tanto, de poder. Si tú eres un estudiante no puedes compararte con un profesor, especialmente si estás relacionado, y es parte de la fenomenología de los delitos sexuales: toma tiempo y valor el denunciar, especialmente cuando se denuncia a alguien con una posición de poder”.

Esta situación conduce a diversas consecuencias, las que van más allá de las psicológicas, tales como, por ejemplo, baja de notas, perder la carrera o becas, por lo que es “fundamental emparejar esa diferencia de poder y darle las instancias a las víctimas, especialmente cuando son estudiantes, dar espacios en los cuales se pueda sentir seguro, de que el hecho de denunciar no le va a significar mayores consecuencias, a pesar de que siempre las habrán”.

El Ministerio de Educación elaboró una serie de sugerencias para la elaboración de protocolos contra el acoso sexual en espacios universitarios. Dentro del mismo se enfatiza en la revictimización, la cual se solicita, sea evitada para no incurrir en la “reiteración innecesaria del relato de los hechos, la exposición pública de lo ocurrido o de datos que identifiquen a la persona denunciante”.

“Es importante generar apoyo dentro de los mismos centros de estudiantes, entre pares, entre quienes han vivido de esto y se han atrevido a hablar. Muchas veces las víctimas no pueden denunciar por su situación actual de dependencia, sin embargo sí necesitan apoyo y hay que entender los roles de cada parte de la institución para generar instancias apropiadas para distintos tipos de víctimas”, puntualiza García, ya que “si estamos de acuerdo como sociedad de que son conductas inaceptables, reprochables, que hay que erradicar a toda costa, es justamente la misma comunidad la que se tiene que encargar de dar instancias para que la persona exprese que algo así le pasó, sin sentir que por el solo hecho de expresarlo les va a traer consecuencias negativas”:

Hoy, a un año de la fuerte irrupción del movimiento feminista, y bajo la consigna “¡ahora que ya nos vieron, ahora que sí nos ven!” es fundamental tomar el peso histórico a lo que está ocurriendo, ya que “las estudiantes han tenido una trayectoria y han generado espacios de organización y movilización que han posicionado esta temática en la palestra”, según expresa Luna Follegati.

“Es el momento y los tiempos lo dictan así, ya no hay que quedarse callado, sino que tomar acciones y decir que esto no puede seguir pasando. Si a la universidad de verdad le interesan los estudiantes y erradicar estas conductas, no hay otro camino: es obligatorio”, finalizó García.

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