Política

Femicidio en Chile: La urgencia de las leyes Antonia y Gabriela

16 junio, 2019


A principios de junio se realizó el juicio que declaró culpable de lesiones contra Antonia Garros a Andrés Larraín, su ex pareja. Estos hechos de violencia ocurrieron en diciembre de 2016; en febrero de 2017 Antonia falleció al caer del departamento de Larraín. Durante esta semana, el Gobierno otorgó suma urgencia al proyecto Ley Gabriela, iniciativa que busca ampliar la figura del femicidio.


El 7 de febrero de 2017 la joven de 23 años Antonia Garros Hermosilla falleció al lanzarse desde el piso trece de un edificio en Chiguayante. En palabras de Fundación Antonia, entidad creada en su honor, «Antonia murió luego de haber vivido más de un año y medio violencia psicológica y física por parte de su pololo, de forma silenciosa y constante, en donde sus cercanos fuimos testigos de cómo su personalidad fue cambiando día a día, de cómo su luz se fue apagando».

Desde febrero de ese año, luego del fallecimiento de Antonia, su madre, María Consuelo Hermosilla ha librado una batalla para demostrar que su hija fue víctima de violencia por parte de su ex pareja, Andrés Larraín, quien, según sostiene la familia y organizaciones de la sociedad civil, habría -luego de recurrentes episodios de violencia- inducido al suicidio femicida a la joven.

El lunes 3 de junio del presente año, la justicia declaró culpable a Larraín por lesiones leves (patadas en el abdomen) propinadas en diciembre de 2016 a su ex pareja, quien denunció estos hechos.

«Me deja tremendamente tranquila que la jueza haya dado ese veredicto, independiente del castigo que tenga. Siento que hoy en día es súper importante, porque la gente va a tener un precedente de que hoy en día, tal vez, sí pueda hacer una denuncia en caso de ser agredida por su pololo y que va a haber una sentencia que puede ser favorable», manifiesta María Consuelo Hermosilla, madre de Antonia Garros.

Aunque, días antes del juicio, la madre de Antonia, María Consuelo, recibió amenazas por parte de Larraín, a través del Facebook de Fundación Antonia, las mismas no pudieron sumarse como pruebas. No obstante, la sobrina de Hermosilla utilizó una polera en la que se leían los mensajes.

A pesar de lo anterior, la defensa de Larraín, en manos de la abogada Paula Villalobos, acusó que fue su cliente quien fue agredido por Antonia, descartando que él haya propinado las lesiones a Garros. De igual modo, el padre de Larraín, contrató a la consultora Imaginacción (la misma contratada por el director de cine Nicolás López, acusado de abusos) para, según consigna El Desconcierto, «abordar el tratamiento mediático del caso, y a través de Enrique Correa, ha llegado a reunirse con parlamentarios para frenar el proyecto que impulsa la madre de Antonia».

La defensa de la familia de Antonia ha vivenciado tres juicios desde febrero de 2017: en primera instancia se acusó a su ex pareja de homicidio y obstrucción a la justicia, pero se resolvió que no existían pruebas para culpar a Larraín. Por su parte, Aldo Garros -padre de Antonia- interpuso una denuncia en el Primer Juzgado Civil de Concepción en la cual solicita una indemnización al Estado, esto debido a que se le acusa a Carabineros de negligencia cuando atendieron el caso, puesto que se encontraban en el lugar al momento de la muerte de la joven. Finalmente, en el juicio finalizado el 3 de junio, se declaró culpable de lesiones leves al acusado.

María Consuelo Hermosilla

Llamémoslo suicidio femicida

Luego del fallecimiento de su hija, María Consuelo Hermosilla creó la Fundación Antonia, entidad que, trabaja por «la erradicación de la violencia en contexto de relaciones informales de pareja, acompañando a sus víctimas directas durante el proceso de desvinculación de sus agresores y promoviendo la desnaturalización de la violencia en nuestra sociedad».

Así, y en conjunto con organizaciones, establecen que la muerte de Antonia responde a un suicidio femicida, el cual, según Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es la «única vía factible que encuentra la mujer para salir de la violencia o el acoso que está viviendo. No es lo mismo para nosotras suicidio femicida que inducción al suicidio; primero porque el suicidio femicida da cuenta de una razón de género, nos visibiliza a las mujeres, al decir suicidio femicida apuntamos a las mujeres que se suicidan. Decir inducción al suicidio es neutro, no hace ningún tipo de distinción, por lo tanto tampoco apunta a las motivaciones que tienen las mujeres para suicidarse, que en este caso es la violencia de la cual están siendo parte, o el hostigamiento al cual son sometidas y la nula protección por parte del entorno, sociedad, y Estado».

En tanto, la iniciativa conocida como Ley Antonia, busca tipificar como «delito la inducción al suicidio e incorporar las relaciones de pareja sin convivencia en la regulación sobre violencia intrafamiliar», puesto que en la normativa chilena, la violencia vivida durante relaciones informales de pareja, es decir, las que se encuentran fuera del matrimonio, convivencia o no cuentan con hijos en común, y más conocidas como «pololeos», no es considerada como delito. Según el sondeo Percepciones sobre violencia en el pololeo, realizado por el Instituto de la Juventud (Injuv), «el 51% de la población conoce a alguna persona víctima de violencia en el pololeo». De esta manera, quienes sufren violencia física y psicológica dentro de estas relaciones, y quienes deciden, finalmente, terminar con su vida, no cuentan con las medidas de protección y reparo necesarias, por lo que muchas veces no denuncian.

«La inducción al suicidio es una figura que no existe en nuestro país, no está tipificado y es algo que le ocurre a muchas familias y (…) dejas con un sentido de frustración a las familias, de injusticia, cuando uno siente, sabe, tiene pruebas y no puede demostrarlo legalmente», expresa Hermosilla, quien agrega que «el proyecto de ley se presentó el 2017 y ni quisiera ha estado en tabla para ser tratado, por lo que, con bastante responsabilidad, puedo decirte que al Estado no le interesa integrar esta tipificación».

Según cifras de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, entre 2010 y 2012 el 16% de mujeres que se suicidaron iniciaron anteriormente un proceso judicial por violencia.

Femicidio en el pololeo

En junio del año pasado Gabriela Alcaíno, de diecisiete años, junto a su madre, Carolina Donoso, fueron asesinadas por Fabián Cáceres, ex pareja de Gabriela, quien ingresó a la casa de ambas en Maipú y las atacó con un cuchillo. Cáceres, quien confesó ambos asesinatos, manifestó en su declaración que cometió los mismos debido a que no soportó el término de la relación. Debido a que Gabriela y Fabián no eran convivientes, se formalizó al último por homicidio simple, y no por femicidio.

Recientemente, Fabián Alcaíno, padre de Gabriela y ex pareja de Carolina, asistió a La Moneda, acompañado de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera en la cual solicitó que se le otorgue máxima urgencia al proyecto de ley denominado Ley Gabriela, el cual pretende que sea considerado como autor del delito de femicidio a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género asesine a una mujer, y para quienes se considerarán penas de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de quince años y un día a presidio perpetuo). Posteriormente, la Comisión Especial de la Mujer del Senado aprobó de manera unánime la idea de legislar dicha iniciativa.

Durante la jornada de este martes 11 de junio, a un año del asesinato de Gabriela y su madre, el Gobierno, en la voz del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, anunció que se le otorgará suma urgencia a la tramitación del proyecto Ley Gabriela, el cual modifica el Código Penal en materia de tipificación de la figura existente de femicidio. “Vamos a respaldar el proyecto de ley Gabriela, que amplía la calificación del femicidio porque nos parece que es un proyecto que apunta en el sentido correcto”, manifestó la ministra Plá ese día.

Ampliar la figura de femicidio es de suma importancia, según señala Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien manifiesta que «hoy tenemos una visión parcializada y si queremos realmente erradicar la violencia hacia las mujeres tenemos que dimensionarla en todo su espectro. Lo que hoy tenemos legislado como femicidio significa que las mujeres solamente somos asesinadas por una relación de parentesco, por un ejercicio de poder que ejerce otro en una relación formal que tenemos con esa persona porque es nuestra pareja y vivimos bajo el mismo techo o estamos casados y eso es lo que le da la calidad de grave y no es así. El femicidio es una expresión de poder masculina que se sustenta en una falsa creencia de dominación hacia las mujeres, de propiedad, de un desprecio hacia la vida de las mujeres, por lo tanto es imprescindible que generemos estos conceptos desde la dimensión total porque es la única forma de poder hacerle frente como corresponde».

Femicidio en Chile

En Chile, desde el año 2010 existe la Ley de Femicidio (N°20.480), la cual establece que un femicidio corresponde cuando se perpetúa un asesinato de una mujer en manos de quien es o ha sido su esposo o conviviente. Cabe mencionar que esta normativa es una modificación a la ley 20.066 de Violencia intrafamiliar. Según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, «este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres».

Esta normativa instaura que si el perpetuador del delito es o ha sido cónyuge o es o ha sido conviviente de la víctima, el delito será tipificado como femicidio, obteniendo sanción similar a la del parricida, la cual va de los quince años y un día, hasta presidio perpetuo calificado. Al modificarse el artículo 290, inc. 1°, sobre parricidio, se amplía el mismo a nuevos sujetos activos calificados, en este caso, a los ex cónyuges o convivientes (ambos, sin límites de sexo o tiempo de duración de la relación).

En territorio chileno, una mujer que es víctima de violencia, en promedio, tarda siete años en denunciar al agresor. Diversos son los motivos para esto, pero algunos radican en amenazas, miedo, y vergüenza, además de creer que la situación cambiará. Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada en 2012, un 31,9% de mujeres -entre 15 y 65 años-, han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, o física. De esta cifra, un 74% declaró ser violentada por parte de su pareja o ex pareja. Más alarmante aún, es la cifra de mujeres que no denuncian: 64%.

Proyectos legislativos como Ley Antonia, Ley Gabriela o Vida libre de violencia son iniciativas que han surgido de manera paulatina y como respuesta a hechos de violencia. No obstante, todos han demorado en su tramitación legislativa, lo cual, según Astudillo, se debe a que «hay una desidia por parte de la institucionalidad, del Estado chileno a reconocer la violencia hacia las mujeres como tal. Ahora, que se parcialice la violencia hacia las mujeres en distintas leyes tampoco nos parece beneficioso. Entendemos el pesar y malestar de las familias, el dolor, el querer darle un sentido a lo que les está pasando y cuando el asesinato de una mujer a la cual aman no está visible en ninguna parte, ni siquiera en la legislación, hay una necesidad de que se vea, que aparezca y por eso se piden estas legislaciones», quien agrega que estos hechos responden a una «violencia machista que obedece a una matriz, a un patrón común: esto está sustentado en el patriarcado, por lo tanto parcializarlo también pareciera que son expresiones de violencia distintas hacia las mujeres».

«Me encantaría que se hiciera un estudio de cuánta responsabilidad tienen los terceros cuando existe un suicidio, y sobre todo en el ámbito de pareja. Que no se nos olvide que la violencia psicológica enferma a las personas y finalmente, que lo que uno ve es la violencia física, es como la guinda de la torta de un camino de violencia constante. Es súper importante poder hacer todos los cambios posibles en nuestras leyes y todos las capacitaciones necesarias para que las personas que tienen que legislar y quienes tendrán que fallar puedan hacerlo de manera efectiva y apropiada», enfatiza Hermosilla.

Desde el 2010, año en que se dictó la Ley 20.480, la cual tipifica el femicidio, y hasta 2018, se han contabilizado un promedio anual de 39,44 femicidios consumados, según la norma vigente y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Mientras, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, quienes contabilizan asesinatos de mujeres más allá de la normativa vigente (no sólo los cometidos por cónyuges, ex cónyuges, convivientes o ex convivientes), el promedio de estos es de aproximadamente 54,88 por año.

«Pero ¿por qué se demoran en tramitar estas legislaciones? porque no les importa, porque pensamos que a los legisladores les sirve usar, es utilitario el concepto de erradicar la violencia hacia las mujeres, pero a la hora de concretar podemos ver que estos son indicios de que no les importa», sentencia Astudillo.


*Si eres víctima de violencia, puedes llamar al 1455, Fono Orientación y Ayuda Violencia Contra las Mujeres, contactar a Fundación Antonia o a la Red Chilena Contra la Violencia Hacia Las Mujeres para saber cómo actuar y denunciar.

16 junio, 2019

Más actualidad