Reportajes

Ser pobre y perderse en Chile: las negligencias que se repiten en la búsqueda de personas extraviadas

30 junio, 2019


Los acusaron de desidia, inoperancia y descoordinación. Las críticas que se volcaron contra las policías y el Ministerio Público — tras el hallazgo de Fernanda Maciel en la bodega que había sido periciada en cinco ocasiones— todavía se hacen sentir. Los familiares de las personas extraviadas recuerdan que hay más de 15 mil casos sin resolver en todo el país y denuncian el calvario que enfrentan cuando no tienen recursos económicos ni atención mediática para pedir ayuda. Aunque a veces transcurren décadas y los fiscales cierran las investigaciones, no hay día en que no sigan buscando.


Norma González Ruiz se perdió en Curacaví el 10 de marzo de 2017, luego de asistir a una cita en un centro de medicina alternativa. Ahí era tratada, entre otros problemas, por un principio de Alzheimer que la afectaba hace meses, a sus 70 años. Eran cerca de las seis y media de la tarde cuando salió al antejardín del lugar y luego a la calle, mientras dos hermanas, su yerno y su nieta cerraban el servicio de atención. Desde entonces no la han vuelto a ver.

Su hija Mallén González asegura que las primeras horas tras la desaparición fueron de mucha impotencia. La policía les indicó que no había nada que hacer en un plazo mínimo de 48 horas, la misma información que han recibido las familias de las 15 mil personas que siguen extraviadas en Chile. Pasaron seis días antes de que el fiscal emitiera la orden de investigar la desaparición de Norma. Desde entonces no ha habido avances y Mallén cree que hay varias diligencias pendientes por realizar. Sin embargo, les niegan cada trámite. Así ha sido desde el principio.

“Si esta persona no se fue voluntariamente porque tiene una condición de Alzheimer, se sabe que fue un extravío, pero Carabineros niega la ayuda diciendo que hay que esperar las 48 horas. Nos empezamos a dar cuenta que a toda la gente le dicen eso. Depende de la voluntad del funcionario de turno que puedan tomarla en el momento”, detalla.

Aunque Carabineros y PDI cuenta con un protocolo de autonomía durante las primeras 48 horas, pudiendo realizar algunas diligencias, la mayoría prefiere reportar el caso al fiscal para que éste emita una orden de investigar y recién ahí comenzar las diligencias. En ese plazo a veces transcurre una semana o más días, perdiendo tiempo valioso, que según los expertos internacionales es justo el plazo en que se consigue resolver con éxito la mayoría de los casos. “Y mientras una persona que estaba por acá puede aparecer en Punta Arenas”, acota Mallén.

Hay otros problemas que el desenlace reciente tras el femicidio de Fernanda Maciel en Conchalí ha develado. Es el mismo patrón en numerosos casos: las policías no trabajan en conjunto, pese a que a veces realizan diligencias en torno a un mismo caso. Para empeorar el escenario, los datos de hospitales y servicios de urgencia, el Servicio Médico Legal —de cada región— y Gendarmería no se encuentran unificados en una sola base. “Tienes que ir hospital por hospital, si quieres preguntar en el SML de Santiago no te van a dar información que hay en Rancagua, Talca o Concepción”, explica. También en cada Cesfam o Sapu, resultando un proceso muy desgastante para las familias.

A la vez, la denuncia por presunta desgracia se encuentra en medio de un vacío legal, dado que no está tipificada en el Código Penal, por lo que su resolución no es prioridad ni amerita tomar acciones como las que se ordenarían ante la denuncia de un delito.

“No existe obligación para el fiscal de investigar, a menos que tengas un abogado y puedas poner una querella. Como comprenderás, el común de las personas no necesariamente tenemos los recursos, los abogados y los medios para eso. Por eso esperan que se resuelva sola o incluso desincentivar a la familia a que no siga buscando”, añade González.

Para la agrupación de Familias de Personas Extraviadas, el factor de clase marca la diferencia en la prioridad que se le otorga a la búsqueda: “Pasa por un tema de ser pobre o no. En ciertas comunas se resuelven más rápido y en otras más lento porque no existe la misma presión de las familias o el nivel de contactos. Por ejemplo, los típicos y emblemáticos casos del cerro Provincia. Ahí se despliegan recursos, el GOPE, helicópteros, lo que sea necesario. Pero si se pierde alguien en el cerro Mallarauco no es lo mismo”. Mallén recuerda que en el verano de este año se perdió un sobrino del Presidente, Cristián Piñera Aninat, quien fue encontrado tres días después en un hotel de Vitacura, luego de un amplio operativo secreto de búsqueda. “No puede ser que exista tanta diferencia en la búsqueda de una persona u otra”, reclama.

La hija de Norma González pidió al Ministerio Público que a levantara muestras de ADN de los sus familiares, bajo la misma ley que estipula los cercanos a los desaparecidos se pueden donar muestras voluntariamente para evaluar y analizar eventuales hallazgos. Sin embargo, le respondieron que una prueba de ADN costaba mucho dinero y que era mejor esperar a recibir un cuerpo de sus características para después realizar un eventual test.

Mallén cree que en buena parte dependen de la atención mediática para resolver los casos y apunta a lo ocurrido con Fernanda Maciel. Aunque se puede discutir si el foco de cobertura fue ético, asegura que el interés permanente de los medios fue fundamental para conocer la verdad. “Sin la tele encima no creo que la hubieran encontrado”, sincera.

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15 mil desaparecidos: La lucha por una Ley de Extraviados

En el historial de personas desaparecidas que se registra desde 2003 existen una amplia diversidad de casos. En julio de 2017 se extravió Lissete Ahonzo (19) tras desde salir desde Placilla camino a clases a la Universidad de Playa Ancha. El último registro de las cámaras de un condominio la muestra frente a la playa Las Torpederas, caminando hacia el mirador del lugar. Sin embargo, las imágenes no evidencian su regreso.

El caso se tornó más extraño cuando, un día después, la mochila y algunas pertenencias de Lisette fueron encontrados en los roqueríos del faro Punta Ángeles, sin humedad ni señales de haber estado expuestas por casi 24 horas a la costa. Desde entonces, la investigación no ha reportado mayores avances.

No son pocas las denuncias por desaparición que apuntan a Carabineros. Al extravío del estudiante José Huenante (16) en Puerto Montt, tras ser detenido por una patrulla de uniformados el 3 de septiembre de 2005, se suma el caso de José Vergara en Alto Hospicio diez años después. El joven que padecía esquizofrenia fue detenido por los funcionarios policiales Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Abraham Caro y Manuel Carvajal, en medio de una crisis en su hogar. Sin embargo, José nunca llegó a la comisaría y los Carabineros confesaron más tarde —tras mentir inicialmente, desconociendo haberlo detenido en su domicilio y falseando las comunicaciones de la institución— que lo abandonaron en un sitio eriazo camino a Caleta Buena, en el desierto.

Tras dos juicios, los cuatro ex carabineros fueron condenados a cuatro años con beneficio de libertad vigilada por el secuestro simple de Vergara, descartando el delito de detención ilegal. Su familia lo sigue buscando y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los dos procesos judiciales fallidos en Chile. Lo ocurrido con el joven esquizofrénico recuerda la historia de Ramón Pacheco Giacomozzi, quien se extravió el 22 de junio de 2008, tras salir de su casa en Los Cóndores de Talcahuano. El joven de 24 años presentaba un retardo mental severo e incapacidad de hablar. Algunos testigos le dijeron a la familia que lo habían visto en la localidad de Hualqui, tras ser detenido por Carabineros. Desde entonces no se sabe sobre su paradero y habría intenciones de cerrar la investigación.

Esta semana, el cuerpo de Fernanda Maciel fue encontrado en la misma bodega que Carabineros perició en cinco ocasiones distintas. El hallazgo sólo fue posible porque la ex pareja de Felipe Rojas le dijo a la policía que el imputado, en un momento de desesperación, le contó lo ocurrido y le dije dónde la había enterrado. Las críticas se centraron en la policía porque, un año antes, la PDI había enviado un informe en donde apuntaban a la culpabilidad de Rojas.

Un diagnóstico realizado por la Fundación Kurt Martinson —creada tras la desaparición del guía turístico del mismo nombre en noviembre de 2014 en San Pedro de Atacama y cuyo caso sigue sin resolver— fue presentado en el anteproyecto de la Ley de Extraviados que actualmente tramita el Congreso. La investigación señala que hay un aumento de los casos que no son resueltos y que muchos terminan prescribiendo en diez años sin diligencias importantes. Consigna que tampoco se ha hecho el esfuerzo de comparar los casos con el registro de personas fallecidas no reclamadas, que se contabilizaron en un total de 3.229 desde el 2003 a 2017.

A la vez, el estudio señala que “es una realidad que el rastreo y búsqueda prolongada de un desaparecido, se produce solo cuando este adquiere interés público o porque detrás del mismo existe presión política, mediática y/o social. Las demás causas, debido a impedimentos técnicos y por falta de recursos asignados, prácticamente serán abandonadas a su suerte”.

El escenario ha llevado a las familias a organizarse para exigir una Ley de Extraviados. La propuesta busca tipificar el tipo de desaparición y riesgo en el momento de la denuncia, además de darle un marco legal. Así, se pueden ordenar los casos dependiendo de si una persona se fue por su voluntad, si tiene problemas de salud o riesgo de suicidio o se perdió por medio de un desastre natural. Lo mismo en caso de si el extraviado/a es menor de edad, si recibió amenazas o hay peligro por pérdida de memoria, entre otras variables.

El proyecto de ley corta, que también busca ofrecer una red de apoyo y orientación a las familias, ya pasó su segundo trámite constitucional y se encuentra en la comisión de Seguridad Ciudadana, donde ha obtenido apoyo transversal de diversos parlamentarios. Aunque Pablo Kast (Evópoli) y Marisela Santibáñez (Independiente) presentaron la propuesta, la patrocinan diputados como Karol Cariola (PC), Joanna Pérez (DC), Érika Olivera (RN), Tomás Hirsch (Partido Humanista) y Camila Rojas (Comunes), entre otros. Solo la bancada de la UDI no les entregó su apoyo. Pese a que los legisladores están de acuerdo con brindarle suma urgencia, la última palabra es del Ejecutivo, ya que la iniciativa contempla la creación de una base de datos unificada que facilite la información entre todas las instituciones. Para ello, se necesita un presupuesto que debe ser aprobado por el Presidente.

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Mallén González asegura que se le debe dar suma urgencia por razones de humanidad. Está convencida de que si hubieran buscado a su madre de inmediato la habrían encontrado porque salió caminando al momento de su extravío. Así mismo, apunta, hay muchos otros casos donde podría haber participación de terceros. “Incluso tráfico de personas y de niños. Y nadie investiga”.

En enero de este año, doce familias lograron reunirse con el fiscal nacional Jorge Abbott para hablar sobre la necesidad de agilizar las investigaciones. Mallén detalla no obtuvieron nada de esa cita y que incluso algunos fiscales les reclamaron por la intervención.

Por el caso de su madre, González evalúa interponer una querella porque hasta ahora la única hipótesis que ha manejado la policía es que ella se fue voluntariamente. Así obligaría al fiscal a descartar otras teorías. “Tengo la esperanza de ojalá poder encontrarla con vida a pesar de todo el tiempo que ha pasado, pero a estas alturas lo único que pedimos es la verdad y la verdad no se va a encontrar si no investigan”, recalca.

La estudiante de Conchalí que nadie buscó

Marta León comienza su relato aclarando que nadie está buscando a su hija. El caso se cerró hace prácticamente 7 años. Mariana Loreto Sepúlveda León tenía 19 años cuando fue vista por última vez el 29 de agosto de 2008, rumbo al colegio Pitágoras y vestida de uniforme gris.

La joven estudiante vivía a pocas cuadras de la casa de Fernanda Maciel, en la comuna de Conchalí. Su madre sostiene que el fiscal a cargo del caso cerró la investigación después de dos años asegurando que no había nada más que hacer. Lo único que supieron que fue un carabinero declaró que había bloqueado su cédula de identidad por petición de la joven en 2009, pero luego fue interrogado por la PDI y aseguró que lo dijo presionado por la institución.

“Para ellos Mariana está viva el el norte, con amigos o una persona, pero a mí nunca me lo dijeron. A mi hija la buscan recién cuando había pasado una semana. Nosotros andábamos por todos lados y no vimos a ningún policía. Nadie nos recibía, nadie nos decía vamos a hacer tal cosa, en las carpetas casi no hay nada para sacar en limpio”, señala.

Desde el miércoles pasado todo se ha vuelto complejo. A través de redes sociales se han viralizado imágenes de comentarios brindados por un usuario anónimo que habría adelantado hace dos meses lo ocurrido con Fernanda Maciel. En la publicación señala el supuesto destino de Mariana Loreto. Desde entonces, la familia comenzó a recibir mensajes de cientos de personas que los instaban a buscar en el patio la vivienda ubicada frente a la casa donde vivían hace más de una década. La madre acudió esta semana a la PDI a dejar constancia de los antecedentes recibidos, pero asegura que si el fiscal no accede a abrir el caso, no pueden comprobar nada.

Desde su perspectiva, la investigación tras Fernanda Maciel deja en evidencia cómo se están haciendo las cosas. “Si había videos, había pruebas, por qué hacer sufrir a una familia más de un año para resolver un caso en dos meses. En el caso de mi hija no hay cámaras, no hay imagen, mi hija no figura en ninguna parte. Pero si tú esperas más de una semana para buscar a alguien, ya todo se hizo mal”, recalca.

En el caso de las adolescentes extraviadas, una respuesta común de los policías es que se fueron solas y que ya van a volver. Así ocurrió durante años con las 14 niñas y jóvenes asesinadas por el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva. A Marta León le pesa que no se haya buscado a Mariana en todo el área de su casa, teniendo en cuenta que la zona manejaba antecedentes de violadores cerca.

El próximo 29 de agosto se cumplirán 11 años desde que la joven desapareció.

“Yo siempre pensé que ella podía estar viva, pero a veces conversamos y pensamos que, sabiendo que hemos hecho tantas cosas por ella, por qué nunca nos avisó que se fue, que está viva, que no la busquemos más. Ella cuando se fue no se llevó absolutamente nada, ni un calzón, están todas sus cosas guardadas, su cuaderno, plancha de pelo, sus colonias”, recuerda.

Como familia están a la espera de la decisión del Ministerio Público de reabrir el caso. No se cansan de exigir el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, en medio de una indiferencia que duele. “Fuimos a la reunión con Abbot y ellos iban a pedir un informe, pero jamás recibimos respuesta. No somos tomados en cuenta en ninguna parte, es un tema que parece que a nadie le gusta tocar. A ningún gobierno”. Marta toma aire antes de cerrar su relato: “Ahí tienes la respuesta de por qué Mariana todavía no aparece”.

30 junio, 2019

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