Política

Apropiaciones de niños y niñas: Justicia y reparación para crímenes de lesa humanidad

5 agosto, 2019


A fines de julio, un grupo de diputados propuso crear una comisión de verdad y reparación, además de un banco de huellas genéticas para abordar y esclarecer casos de apropiaciones de niños, niñas y adolescentes (mal denominadas “adopciones irregulares”), los cuales, se estima, llegan a veinte mil.


Margot busca a su hija; Flor y Víctor, a sus hijos gemelos. Hija busca orígenes biológicos, Sandra busca a sus sobrinos, Johnny busca orígenes biológicos. Así, suman y siguen las publicaciones, o los llamados “cuadros de búsqueda” en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de Hijos y Madres del Silencio, agrupación creada en 2014 y que ha logrado 150 reencuentros entre personas apropiadas (o mal denominadas “adopciones” irregulares) y sus familias biológicas.

Esta organización agrupa a más de tres mil personas que buscan a otras: hijos o hijas en búsqueda de sus orígenes, madres, padres y/o familiares buscando a niños y niñas que les fueron arrebatados. Las búsquedas contemplan un amplio período de tiempo: si bien la mayoría de los casos sucedieron durante la dictadura cívico – militar, también existen casos anteriores y posteriores, desde personas nacidas en los años 50′ hasta el 2001. ¿Por qué hasta el 2001? porque, según explica Marisol Rodríguez, vocera de Hijos y Madres del Silencio, debido a un tema ético, se espera la mayoría de edad para iniciar los trámites de búsqueda. “No es bueno quebrarle la vida a un chico y decirle que es adoptado a los catorce, quince años, si los padres no le han contado. Entonces se resguarda eso y buscamos sólo si se es mayor de edad”, explica. En tanto, la legislación sobre adopciones vigente en Chile, estipula que toda persona, luego de cumplir dieciocho años y solicitar una orden judicial, se encuentra en pleno derecho de acceder a los documentos de su proceso de adopción en el Registro Civil.

“Los Hijos y Madres del Silencio somos un grupo de personas en constante búsqueda. Víctimas de un mal que se ha hecho sin mesura, un mal que simplemente no tiene nombre. Somos madres que buscan a sus hijos, así como también hijos que buscan a sus madres o familias biológicas. En medio de este dolor, tratamos de encontrar una luz que nos lleve a la verdad”. Estas palabras son las que aparecen en la web de la agrupación, la cual, al igual que las otras redes sociales, sirve para publicar búsquedas y contactar a quienes han vivido estas situaciones que se relacionan con apropiación y tráfico de niños, niñas y adolescentes, lo cual sucedía a través de la sustracción y abusos de poder.

Marisol explica que la motivación de la agrupación es “encontrar a nuestra familia, nuestros hijos, nuestras madres, ya que ningún ente hay especializado y gratuito para esto. Nos reunimos como personas afectadas por esta situación y empezamos a trabajar en conjunto”.

Fue durante el invierno del año 1972, entre fines de julio y principios de agosto, cuando Aida fue al Hospital J. J Aguirre a tener a su bebé. Luego del nacimiento, personal del establecimiento le comunicó que su hija había fallecido, pero jamás vio ni le entregaron el cuerpo, tampoco existen actas de nacimiento, defunción ni ficha de la madre que acredite su estancia en dicha institución de salud.

Marisol, al igual que miles de personas, busca, busca y busca. Ella es hija de Aida y busca a su hermana, quien nació en 1972. “Desde muy chica me pregunté por qué no tenía más hermanos y mi mamá me dijo que tenía una hermana que estaba en el cielo y a medida que fui creciendo, me di cuenta de que no era normal lo que pasaba”, señala Marisol.

Verdad y justicia

Marisol y decenas de personas, marcharon a fines de julio por el centro de Santiago para exigir justicia, verdad y el esclarecimiento de lo que sucedió, con, según informó el ministro Mario Carroza en febrero de este año, aproximadamente 20 mil niños, niñas y adolescentes que fueron apropiados de manera irregular -la agrupación desestima el término “adopción”-.

El pasado lunes 22 de julio, la Comisión Investigadora de Adopciones Irregulares de la Cámara de Diputados entregó las conclusiones luego de cuatro meses de sesionar al respecto. En el documento se estableció la necesidad de, en primera instancia, crear una comisión de Verdad y Reparación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con los casos de apropiaciones ilegales. En segundo lugar, se planteó la creación de un banco de huellas genéticas de ADN, lo que permitiría llevar un registro. También se concluyó  excluir la participación de entidades privadas en los procesos de adopción, entregar más recursos humanos y monetarios a jueces para mejorar y hacer más efectiva y eficiente la investigación judicial respecto de las adopciones irregulares, establecer un enlace directo entre las organizaciones de la sociedad civil con el Ministerio de Salud y con el Registro Civil, para efectos de constituir un vínculo expedito y efectivo, para canalizar de manera rápida las dudas y consultas”, entre otros.

Lee también  Editorial de Fernando Paulsen: Diálogo y Tierras en la Araucanía

En dicha instancia han participado diversas entidades y organizaciones, como Hijos y Madres del Silencio; el ministro de justicia, Hernán Larraín; el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, trabajadores del Sename, Registro Civil, Servicio Médico Legal, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Policía de Investigaciones, entre otros. Este documento, por otra parte, ahora deberá ser aprobado en sala.

Para quien preside la comisión, el diputado comunista Boris Barrera, dentro de la función fiscalizadora del Congreso, y lo que pueden hacer las y los parlamentarios respecto a estos casos es “tratar de determinar si es que en estos hechos hubo responsabilidad de los organismos del Estado, porque son a las organizaciones del Estado a las que podemos fiscalizar y ese era el objetivo. En lo que puede ayudar más el Congreso es identificar las deficiencias en la ley para tratar de mejorarlas y seguir fiscalizando, fiscalizar los acuerdos que salieron de la comisión investigadora, como por ejemplo, la formación del banco de ADN, la coordinación de los diferentes ministerios involucrados con las agrupaciones que buscan a sus familiares”.

Hay diversas formas de esta red de tráfico: lo que se conoció primero eran los hijos que salían apropiados de la Clínica Carolina Freire, a cargo del doctor Monckeberg, en la cual generalmente padres de buena situación llegaban a la clínica y elegían a un hijo dentro de ocho y lo hacían pasar como biológico

Modus operandi

Tal como se consignó en el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, así como ha sido denunciado por las víctimas y según diversas investigaciones periodísticas (especialmente de Ciper, medio que comenzó informando sobre el actuar del sacerdote Gerardo Joannon y del doctor Gustavo Monckeberg), el modus operandi de las instituciones y personas involucradas en la apropiación y tráfico de niños, niñas y adolescentes poseía varias aristas.

Madres acusan que las hicieron firmar documentos que no entendían o que pensaban, constituían el alta médica, incluso papeles en blanco: lo que realmente estaban firmando era una autorización para dar a su hijo o hija en adopción. De este modo, la entrega del infante aparecía como voluntaria. Otro mecanismo era la manipulación de la madre, a quien, por ejemplo, se le mentía y decía que su bebé nació con problemas de salud graves, y que la alternativa para que sobreviviera, era recibir tratamiento médico en el extranjero. En ocasiones, se declaraba a la madre incompetente para la crianza por diversas razones, por ejemplo, debido a su juventud o condición socioeconómica.

Otras formas eran, por ejemplo, que se autorizaba la tuición del niño o niña por parte de quien pensaba lo adoptaba debido a que le decían que la madre lo abandonó. Finalmente, otra forma de operar de estas redes de sustracción y tráfico, era, luego de que el bebé naciera, mentirle a la madre y/o familiares en el hospital y declararlo muerto. Cuando la familia pedía ver el cuerpo del recién nacido, les decían que era imposible o que el recinto hospitalario se ocuparía de los restos, incluso hubo veces en que les manifestaron que no podían ver a su hijo (a) porque lo habían arrojado a una fosa común. Muchas de estas sustracciones ocurrieron incluso después de que la madre pudiese pasar un tiempo con su bebé en brazos y acreditar que estaba sano; se los llevaban “a control” y no se verían nuevamente.

En tanto, las redes de sustracción y tráfico estaban compuestas por diversas personas, desde matronas, asistentes sociales, médicos, sacerdotes o monjas, jueces de Tribunales de Familia, a trabajadores del Registro Civil. Así, dichas redes operaban en múltiples recintos: hoteles (Carlton House, Sheraton, Carrera, El Conquistador y Montecarlo), hospitales o clínicas (Hospital Barros Luco, Hospital J. J Aguirre, Maternidad Carolina Freire, entre otros), casas particulares, guarderías e incluso, una oficina de abogados. Ciper realizó recientemente un reportaje donde informa la ruta de las apropiaciones.

“Hay diversas formas de esta red de tráfico: lo que se conoció primero eran los hijos que salían apropiados de la Clínica Carolina Freire, a cargo del doctor Monckeberg, en la cual generalmente padres de buena situación llegaban a la clínica y elegían a un hijo dentro de ocho y lo hacían pasar como biológico. Luego están los casos Joannon, en los que cambiaban hijos entre las mismas familias de buena situación y le decían a los padres de las guaguas, que eran adolescentes o jóvenes, que habían fallecido, a las madres también a algunas se les mintió y después como el 2014 cuando reventó esto, aparecieron varios de estos hijos que les dijeron habían fallecido”, expresa la vocera de Hijos y Madres del Silencio.

Lee también  Duras críticas recibe Mega por cobertura de marcha del 8M con imágenes equivocadas

Rodríguez también hace hincapié en que estuvieron involucradas asistentes sociales, “que eran trabajadoras del Estado, hacían captación de niñas jóvenes o de madres vulnerables, ya sea por juventud o algún grado de ignorancia, que no sabían leer o escribir, y les decían que sus hijos habían fallecido, no le entregaban cuerpo y estos hijos están apareciendo desde el extranjero. Esto lo hacían en diversos hospitales a lo largo de todo Chile“.

Por otro lado, “están las guarderías para madres trabajadoras donde muchas veces les decían que en ese lugar les podrían cuidar [a sus hijos] mientras trabajaban en la semana y el fin de semana podían ir a buscarlos. Las primeras veces las dejaban ver [a sus hijos], luego les decían que estaban enfermos o que los habían bañado recién y no los podían ver, hasta que los niños desaparecían“.

Marisol agrega que, hubo un método más extremo y violento aún: “en Temuco, en Lautaro, llegaban a campamentos y arrasaban con todos los niños. Iban asistentes sociales con Carabineros. Les hacían un examen médico y los niños que pasaban el examen médico los mandaban y vendían al extranjero”.

Investigaciones judiciales

En mayo de este año, la Corte Suprema dividió las investigaciones relacionadas con los casos de apropiación en dos: el ministro Mario Carroza investiga los casos de niños y niñas que fueron sustraídos en el período de la dictadura cívico – militar (11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1990), episodios relacionados con la represión política. Los casos abordados por Carroza ocurrieron en su mayoría en Temuco, Santiago y Concepción. Mientras, los casos que no se relacionen con represión política por parte de agentes del Estado, y que hayan ocurrido antes del 11 de septiembre de 1973 y luego del 10 de marzo de 1990, son investigados por el ministro Jaime Balmaceda.

Otra de las aristas investigadas, es el pago que recibían las redes de sustracción de niños, niñas y adolescentes que eran enviados en su mayoría a Estados Unidos, Italia, Francia y Suecia. Según indagaciones, se estima que el monto promedio por niño o niña ascendía a diez mil dólares. Sin embargo, dicho cobro se realizaba bajo la excusa de que ese dinero cubriría costos de trámites y médicos del infante.

La responsabilidad de Estado está clara. Esto sucedió en las narices del Estado, las instituciones, los protocolos no funcionaron, además de que la institucionalidad en general no protegía los derechos de los niños y las niñas

Estado irresponsable: Crímenes contra los derechos humanos

Según las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos expresa que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable. Ésta no es la excepción, considerando que es una práctica que ha sido prolongada en el tiempo, superando a los Gobiernos de turno”.

Para el diputado Barrera, quien, según explica, vio ratificada su opinión con lo argumentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estos casos sí constituyen crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos: “la responsabilidad de Estado está clara. Esto sucedió en las narices del Estado, las instituciones, los protocolos no funcionaron, además de que la institucionalidad en general no protegía los derechos de los niños y las niñas, por lo tanto la responsabilidad es del Estado y los que administran el Estado son los gobiernos, por lo tanto todos los gobiernos de la época hasta ahora, son responsables de no haber tomado esto con la seriedad, con todo lo que involucra hacerse cargo de estos crímenes, de estos delitos a gran escala que sucedieron en Chile”.

“Esto es un problema de Estado. El Estado no cuidó a ese niño, no lo protegió, no protegió a esa madre y necesitamos que se hagan cargo. tiene que ser una verdad histórica”, sentencia enfática Marisol Rodríguez, vocera de Hijos y Madres del Silencio, quien agrega que “m uchos hijos no buscan a sus madres porque les dijeron que eran alcohólicas, prostitutas, hacían unos informes para que ellos no pudieran buscar la verdad. Esto pasó en Chile, miles de niños que sacaron al extranjero y otros que se apropiaron aquí. Chile no es una fábrica de producir niños. Muchas personas que estaban en el extranjero me han comentado que no se entendían cómo salían tantos niños de Chile, tú sabes, por cómo somos los chilenos, donde comen dos, comen cuatro. O sea, ¿cuántas madres pudieron haber entregado? ¿veinte mil por lo bajo? no, no es posible”.

5 agosto, 2019

Más actualidad

Entrevistas

Tres versos para una historia: Distintas generaciones reflexionan sobre cinco demandas del Chile movilizado

12 noviembre, 2019

Entrevistas

Luis Marín sobre Kast: “Este tipo de gente no ayuda en nada, si queremos volver a la calma, él no contribuye”

31 octubre, 2019

Entrevistas

Pato Cornejo y la nueva Copa Davis: “Hasta que no se termine, no vamos a saber exactamente si es bueno, malo o regular”

18 octubre, 2019

RECOMENDADOS

Gepe recomienda: Lemebel

RECOMENDADOS

Ignacio Socías recomienda: Fleabag

RECOMENDADOS

Gianluca recomienda: True Detective