Sociedad

Ley Sayén: No más infancia condenada

8 septiembre, 2019


Recientemente, las gendarmes que en 2016 obligaron a parir engrillada a una comunera mapuche se declararon culpables. Este caso incentivó la creación del proyecto legislativo Ley Sayén, el cual tiene por objetivo que a embarazadas y madres de hijos (as) de hasta dos años se les suspenda la pena y se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.


Durante la semana recién pasada, las gendarmes Andrea Concha y Cristina Segundo admitieron su culpabilidad en el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien en 2016 sufrió vejaciones injustas al ser obligada a parir engrillada mientras cumplía una condena en un recinto carcelario. Debido a esta confesión, la cual se dio en el marco de una audiencia de reconocimiento de culpabilidad, las gendarmes podrán disminuir la pena a la cual fueron condenadas anteriormente: de las 11 UTM de multa, sólo deberán pagar 2 UTM. En tanto, la suspensión de sus cargos por un año sigue vigente.

Parir engrillada

El 15 de diciembre de 2015 Lorenza Cayuhan fue detenida, esto luego de ser acusada por un testigo sin rostro de un supuesto robo a trabajadores de Fumivar, quien presta servicios a la Forestal Arauco. ¿El supuesto botín? Un GPS, un cooler, una motosierra, un hacha, una lima y una cámara. Al momento de su condena (cinco años y 61 días) se encontraba embarazada de cuatro meses.

También fueron detenidos otros seis mapuche, miembros de la familia Cayuhan. Esto ocurrió en el momento en el que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (Región del Biobío) desestimó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Concepción, debido al empleo de un testigo sin rostro -el cual fue descrito como colaborador habitual de la policía según el Ministerio Público-, quien no reveló su identidad ni declaró frente a un tribunal.

Meses después, en octubre de 2016, Lorenza sintió intensas molestias físicas asociadas a su embarazo, de ese entonces, de alrededor de ocho meses. Según su propio testimonio, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco, donde se encontraba recluida, sólo había un paramédico, y cuando manifestó sus dolencias (hinchazón de cara, extremidades) ninguna persona que trabajaba en el recinto la ayudó. No obstante, las internas la ayudaron: “las internas me ayudaron porque si no me llevan, mi bebé muere porque ya no tenía oxígeno”.

Por la urgencia de su estado y el de su bebé, Lorenza fue trasladada a diferentes recintos hospitalarios (Hospital de Arauco, Hospital Regional de Concepción), finalmente, ingresó a la sala de preparto del Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán. Tanto durante los traslados como ya en la cama del lugar, se encontraba engrillada, incluso al cambiarse de ropa (sólo se le removieron las esposas de los tobillos para que ponerse las medias de compresión, necesarias para la cirugía de cesárea). De igual modo, durante todo el proceso, Lorenza se mantuvo bajo vigilancia de gendarmes.

Respecto al funcionamiento de protocolos en caso de nacimiento o embarazo dentro de un recinto penitenciario, para Josefina Arias, Coordinadora del Departamento de Territoriales, de la ONG Leasur, “una cosa es lo que está señalado formalmente, y no está en una ley, está en un reglamento y lo que aparece es muy escaso, casi nulo, de cómo son las circunstancias en las que se debe llevar la vida en la cárcel de mujeres, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, como lo que le pasó a Lorenza Cayuhan, en la que se vulneran absolutamente todos tus derechos y que hay tratos vejatorios, inhumanos, se violan los derechos humanos”, quien agrega que “la vida dentro de la cárcel no está regulada de manera leal, por eso nosotros decimos que la cárcel es ilegal. Y lo grave de esto es que todo lo que ocurre depende solamente de la voluntad”.

Existen múltiples casos de vejaciones y vulneraciones a mujeres embarazadas en estos recintos, pero, a diferencia del de Lorenza, la historia de Jennyfer Quintana termina de otra manera: su hija Esperanza falleciendo en período de gestación. “Yo había planeado esta guagüita. Se veía muy bonita en la ecografía. La iba a llamar Esperanza Mía, porque para mí era el milagro que me haría dejar todo lo malo atrás. Pero en vez de eso, la Esperancita se convirtió en mi gran pena”.

Foto – Leasur

Ley Sayén: No más niños (as) en recintos penitenciarios

Según cifras entregadas por Gendarmería en enero de este año, existen 112 niños y niñas de entre 0 a 2 años que residen en unidades materno infantiles dentro de recintos penitenciarios. De ellos (as), 69 niños y niñas se encuentran en dichos recintos debido a que sus madres cumplen una condena, mientras que 53 están ahí porque sus progenitoras se encuentran sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva. 48 niños y niñas se encuentran en estas unidades debido a que la madre cometió una infracción a la Ley de Drogas.

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Dentro de la población privada de libertad, el 8% corresponde a mujeres, es decir, 3.751 personas. La mayoría de las internas se encuentra en la regiones de Tarapacá, Metropolitana y O’Higgins.

Luego del nacimiento de Sayén, la hija de Lorenza, diversas entidades de la sociedad civil, entre ellas las ONGs Leasur y En marcha, junto a Corporación Humanas y los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, ingresaron, en enero de 2017, un proyecto de ley que “modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años”.

Lo que solucionaría esta eventual normativa, es que no existe un marco legal que regule la situación de mujeres embarazadas o madres de hijos menores de tres años. Si bien, hoy los 112 niños y niñas que residen en recintos penitenciarios se encuentran en las Secciones Materno-Infantiles, las condiciones de estas no constituyen un espacio idóneo para madres y sus hijos, puesto que, según Vota Inteligente, son “espacios reducidos, que carecen de personal especializado y en donde el interés superior del niño no es el estándar prioritario para la toma de decisiones, vulneran la dignidad, integridad física y síquica, y las posibilidades de desarrollo de los menores. Esta situación está en abierta contradicción con las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok”.

Según se explica en uno de los informes, Ley Sayén tiene por objetivo “establecer la suspensión del cumplimiento de la condena y la improcedencia de la prisión preventiva, en favor de las mujeres embarazadas o con hijos menores a tres años”. Esto, se realizaría con la modificación del artículo 141 del Código Procesal Penal al sumar una causal de improcedencia de la medida cautelar de prisión preventiva y una suspensión de la pena en mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años. El cumplimiento de la pena se aplaza por tres años, y en caso de que el hijo (a) padezca de alguna enfermedad grave o tenga capacidades diferentes (físicas o mentales), la misma puede suspenderse por tres años más (seis en total, desde el nacimiento).

Derechos de niños y niñas

Según un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, titulado “¿Qué pasa con los hijos de madres encarceladas? Cómo amortiguar los efectos nocivos para los niños cuyos padres están privados de libertad”, realizado en 2015, existen tres dimensiones claves en estas circunstancias: el impacto que el encarcelamiento de la madre tiene en el desarrollo de los (as) niños (as), lo que establece el derecho internacional, y la experiencia y las prácticas internacionales.

Dentro del primer punto se destaca la importancia de la relación entre madre e hijo, la cual es de apego y debe ser de calidad, puesto que esta determina, en parte, “la autoconfianza, la motivación, la confianza en los demás, el desempeño académico y la capacidad de establecer relaciones significativas y estables en etapas posteriores de la vida”. La separación de ambos -madre e hijo- puede producir efectos negativos en el infante.

En segundo lugar, se establece que, si bien la Convención de los Derechos del Niño no regula de manera específica los casos de hijos de padres o madres privados de libertad, se establece que el interés superior del niño debe constituir una consideración primordial, por lo que el Estado debe ser garante de apoyar a quienes cuiden al niño o niña. En tanto, según el estudio, la Convención “da luces de dos posibles medidas para evitar una separación que podría ser perjudicial: la primera se dirige a que los niños y niñas sean acomodados junto a su madre, o bien que se establezcan sanciones que disminuyan la reclusión de la mujer, dando preferencia a esta última alternativa”.

Finalmente, el tercer punto señala que a nivel internacional, las unidades donde residen madres e hijos (as) en recintos penitenciarios se arman de diversas formas, por ejemplo, en Bolivia y Chile existen piezas grupales, mientras que en Estados Unidos y Dinamarca, entre otros países, hay una sección con habitaciones privadas para cada grupo familiar. Dichos establecimientos deben poseer requerimientos mínimos, establecidos en las Reglas de Bangkok. Una de las determinaciones fundamentales es la edad de permanencia del niño en el recinto: las opiniones son diversas, unas aluden a que es mejor que se mantenga por menos tiempo y otras, al contrario. Al abogar por permanecer más tiempo dentro del recinto, se releva la importancia de la relación con su madre o cuidador principal.

“El elemento principal es el interés superior del niño, los niños tienen derechos y estos deben ser respetados siempre”, manifiesta el senador Alejandro Navarro, precursor de Ley Sayén, quien agrega que “proteger los derechos del niño es proteger los derechos humanos de la infancia y creo que la Ley Sayén lo que hace es que establece un punto de justicia sobre un tema de fondo, los niños no son responsables de los delitos cometidos por sus padres y no pueden pagar por ello con cárcel”.

Alejandro Navarro visita a Lorenza Cayuhan y Sayén ad portas del fallo de la Corte Suprema

En tanto, para Josefina Arias, Coordinadora del Departamento de Territoriales, de la ONG Leasur, si bien, la vida dentro de la cárcel es en sí misma vulneratoria, desde la ONG creen que “solamente por el hecho de un niño o niña estar privado de libertad, sin que haya una circunstancia de carácter legal que la justifique -y que no la hay para que un niño o niña esté dentro de una cárcel-, esa circunstancia en sí misma ya es vulneratoria de sus derechos fundamentales porque no se respeta el derecho a la libertad personal y seguridad individual”.

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Arias explica que esta situación provoca consecuencias prácticas, como por ejemplo el hecho de que los niños  que residen dentro de los recintos penitenciarios no se consideran como usuarios del sistema, puesto que las usuarias son, en este caso, sus madres: “si es que se enfermaran, por ejemplo, no se consideran dentro del personal que se atiende en los recintos penitenciarios, entonces tienen que salir de la cárcel para atenderse, pero no pueden hacerlo con sus madres porque están privadas de libertad, entonces hay testimonios de internas que han tenido que pasarles sus guaguas a gendarmes para que los lleven al hospital más cercano. Ahí hay una vulneración de otras garantías que se consagran en la Constitución”.

Perspectiva de género

Desde una perspectiva de género, se ha señalado que las mujeres sufren una triple condena: de partida, sufren la condena propiamente tal, que es cuánto tiempo señala el Estado que deben estar en una cárcel, cuando es privativa de libertad; además sufren una condena social porque quiebran el rol de género que se les ha asociado, que es en el fondo ‘tú, en tanto mujer, eres sumisa, tienes que comportarte conforme a las reglas sociales’, entonces, al romper la norma, te condenan socialmente; y además, una tercera es la personal que, al ser la mayoría madres, un 90%, y una gran cantidad, solteras, hay una condena en términos personales porque se asocia a que terminan siendo malas madres, porque, de partida cometen un delito y además porque dejarían solas a sus familias porque tienen que cumplir la condena en un recinto penitenciario”, manifiesta Arias, de la ONG Leasur, quien explica además que el caso de Lorenza Cayuhan no es aislado, sino que es como las mujeres pueden llegar a vivenciar un parto en la cárcel. Un 8% de la población penal corresponde a mujeres, y de ellas, un 89% es jefa de hogar.

Acorde a la legislación comparada, por ejemplo, en países como Argentina, Italia y Rusia, se contempla la suspensión de la condena privada de libertad por cuatro, seis y catorce años respectivamente. Incluso, en Costa Rica se propone reducción de condena o aplicación de otras medidas como alternativas a la privación de libertad. Al hablar de cifras de Gendarmería respecto a los delitos cometidos por mujeres, se establece que un 52% cometió delitos asociados a drogas, un 23% a robos y un 5% a homicidios.

Según se señala en la investigación “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo”, “cerca del 50% de las mujeres privadas de libertad se encuentran en dicha condición en función de la comisión de algún ilícito relacionado el tráfico de estupefacientes, principalmente microtráfico. La directa relación con este ilícito no es casual: “se trata de una actividad que les permite seguir desempeñando los roles de madre, esposa, abuela y dueña de casa, ya que para realizarla no están obligadas a desplazarse fuera de su vivienda, lo que les permite atender las labores domésticas y cuidar a los hijos o nietos” , y a la vez sustentar los gastos de su familia. Adicionalmente, en muchas ocasiones las mujeres se ven involucradas en ilícitos de esta especie en razón de ser sus parejas quienes los realizan, resultando la imputación de tales ilícitos a éstas un acto de encubrimiento”.

En este sentido, para quienes pudiesen pensar que la iniciativa de ley consiste en una suerte de “perdonazo”, Arias establece que “es una aprehensión legítima, pero que no reconoce las cifras: los delitos de droga están muy asociados a los roles de género de la mujer porque es para la mantención económica de una familia, y son delitos que no son violentos”.

“Desde una perspectiva de género, las mujeres cometen ciertos delitos y no otros justamente por su condición de madres, y por lo tanto no deberían repercutir en la relación de ellas con su vida familiar”, enfatiza Arias.

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