Sociedad

Río Renaico: Las aguas que quieren convertir en represa y están siendo rematadas

2 septiembre, 2019


La empresa Hidroeléctrica Agua Viva pretende desviar 4,7 kilómetros el río Renaico y construir un botadero a 100 metros de un monumento histórico, en el que están enterrados 18 campesinos que fueron asesinados durante la dictadura cívico militar. A 500 metros también se encuentra la Reserva Nacional Malleco. La instalación de la central significará sequía para más de 600 familias que se abastecen del río.


En un informe de 58 páginas, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se pronuncia a favor de la construcción del «Proyecto Hidroeléctrico de pasada Agua Viva», en el río Renaico, curso de agua que viene desde el río BioBío y es el límite natural entre las regiones del Biobío y La Araucanía.

«Nací y he sido criado toda mi vida donde nace el río Renaico. Mi abuelo y bisabuelo eran balseros y me contaban que hace más de 40 años atrás, el río era inmenso. El caudal era tal que transportaban madera desde donde comienza el río hasta Concepción, se demoraban un mes en llegar al mar«, relata Jonathan Orellana, activista por el movimiento social «Salvemos el río Renaico».

«Ya no es así, vivimos cerca de la cordillera y ahora en el verano  tenemos problemas de agua. Pronto tendremos que hacer como las comunidades mapuche, que están un poco más abajo, que se abastecen del río para tener agua potable», dice Orellana.

El proyecto fue aprobado por el SEIA en septiembre del 2017 y está a cargo de la empresa Hidroeléctrica Agua Viva S.A, que es parte de Electro Austral Generación, empresa dedicada a la generación de energía hidroeléctrica que cuenta con decenas de proyectos a lo largo de Chile. Su dueño, Isidoro Quiroga es conocido como «el zar de las aguas» por poseer incontables derechos de agua en el país. El 2018 la empresa fue cuestionada por intervenir el cauce del río Mapocho y persistir en la edificación de una hidroeléctrica de paso sin contar con los permisos de construcción que entrega la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

El proyecto contempla una inversión de 70 millones de dólares, sin embargo, desde hace dos años la empresa dejó de pagar la patente que exige el Estado si los derechos de agua no están siendo utilizados. «Son cerca de 80 millones anuales», dice Orellana.

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Desde 2017 se han realizado dos remates del río pero no han llegado postores, quizá porque no se han anunciado públicamente. El martes 26 de agosto sería el tercero, pero el Tribunal de Letras y Garantía de Collipulli no pudo llevarlo a cabo porque no cumplió con la burocracia mínima para realizarlo, como la publicación del remate en el Diario Oficial y en un periódico de circulación local.

«Nadie sabía que sería rematado, revisando me di cuenta que la empresa ya no tenía los derechos de agua y encontré el remate. Sin embargo, la hidroeléctrica sigue en pie y solo basta que regularicen los derechos de agua para continuar», explica Orellana.

«El remate de las aguas habla de la profundidad que tiene la privatización y mercantilización del agua en Chile, y en definitiva lo que se hace es priorizar la industria extractivista y no la vida de las comunidades ni la preservación de la vida en los territorios», dice Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

Las organizaciones y comunidades mapuche están organizadas desde hace años contra la instalación de la hidroeléctrica y acusan que a diferencia de lo que ha planteado la empresa en las consultas ciudadanas, no será una central de paso, sino una represa que inundará cinco hectáreas y deforestará 17 de bosque nativo.

«Hemos puesto dos acciones de reclamación, primero contra la resolución del estudio de impacto ambiental y luego contra el consejo de ministros del SEIA porque desde que fue aprobado el proyecto en septiembre de 2017 ha sido modificado sin ser consultado a la ciudadanía», dice Nicolás Fuentes, vocero del movimiento social «Salvemos el río Renaico».

Contra la naturaleza y el dolor

La instalación de la hidroeléctrica es particularmente doloroso para las comunidades del lugar por distintas razones: El proyecto incluye la desviación del río por 4,7 kilómetros a través de tuberías. La hidroeléctrica se construirá a 500 metros de la Reserva Nacional Malleco, la cual es una área protegida y se caracteriza por poseer uno de los bosques de Araucarias más importantes de Chile. Además, fue la primera área silvestre protegida en Chile y Latinoamérica.

«A 100 metros de donde se construirá el botadero de los escombros de la hidroeléctrica hay un monumento histórico que fue nombrado como sitio de suceso, porque en agosto de 1973, agentes de la dictadura cívico-militar, asesinaron a 18 campesinos, cavaron una fosa y los enterraron ahí mismo», relata Orellana.

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«Hace dos semanas el juez a cargo de la investigación trajo a uno de los responsables de la matanza y dio a conocer otros lugares donde podrían estar más cuerpos», agrega.

La werkén Grisel Ñancul, perteneciente a una de las 600 familias mapuche que serán afectadas por esta hidroeléctrica, dice que esta semana presentarán un recurso de protección contra la empresa porque no realizaron la consulta indígena que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Como mapuche vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para parar esta hidroeléctrica y cualquiera que se quiera instalar. Estamos trabajando con abogados y antropólogos, nos molesta mucho que no nos hayan tomado en cuenta como pueblo. Ni siquiera vinieron a las comunidades a preguntar cómo nos podía afectar y acá nosotros tomamos agua del río, lo usamos para nuestras siembras y para las ceremonias de nuestra cultura», explica Ñancul.

«No queremos que pongan una represa, nos dejarían en sequía totalmente porque en el verano el río sustenta a todas las comunidades en el sector, las forestales ya secaron las vertientes y ahora las hidroeléctricas están secando los ríos», lamenta.

Mundaca dice el 80% de las 101 cuencas hídricas del país están sobre otorgadas. «Entre el año 2008 a 2015 se entregaron más derechos de aprovechamiento de agua que la que está realmente disponible en los acuíferos».

«Según datos de la Fundación Amulén y su informe «Pobres de Agua», hoy día 380 mil viviendas rurales que no tienen acceso a agua potable. Por lo que en los últimos cinco años el Estado ha gastado $150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibes,  particularmente en las regiones de la Araucanía, Biobío, Maule y Valparaíso», detalla Mundaca.

«Sin duda rematar el río Renaico e instalar una hidroeléctrica aumentará la falta de agua de las comunidades porque es justamente en esas zonas donde hay carencia de recurso hídrico. Es una situación completamente demencial», sentencia el ingeniero.

 

N.E: Hasta el cierre de esta publicación, no fue posible obtener respuesta de la empresa Hidroeléctrica Agua Viva ni de la Municipalidad de Collipulli.

2 septiembre, 2019

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